LA SEMANA DE MAYO DE 1810

La llamada Semana de Mayo fue el proceso político que, entre el 18 y el 25 de mayo de 1810, cambió para siempre la historia del Río de la Plata y dio nacimiento al primer gobierno patrio en lo que luego sería la República Argentina. Aquellos días no fueron solamente una sucesión de reuniones y discusiones en Buenos Aires: fueron el inicio de una transformación profunda que cuestionó el poder colonial español y abrió el camino hacia la independencia.

Para entender lo que ocurrió hay que recordar el contexto internacional. España había sido invadida por las tropas de Napoleón Bonaparte y el rey Fernando VII estaba prisionero. La autoridad española se encontraba debilitada y las colonias americanas comenzaron a preguntarse quién debía gobernar mientras el monarca legítimo permaneciera cautivo. Esa crisis política europea repercutió directamente en el Virreinato del Río de la Plata.

En Buenos Aires existía desde hacía tiempo un creciente malestar entre criollos, comerciantes, militares e intelectuales. Los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América, tenían cada vez más peso económico y social, pero seguían siendo relegados políticamente por las autoridades enviadas desde España. A eso se sumaban las ideas de libertad y soberanía popular que llegaban desde la Revolución Francesa y desde la independencia de los Estados Unidos.

El 18 de mayo de 1810 llegó la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla, uno de los últimos organismos españoles que mantenían autoridad sobre las colonias. Esa noticia aceleró los acontecimientos. Los sectores revolucionarios entendieron que el poder del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros quedaba seriamente cuestionado.

Comenzaron entonces reuniones secretas y discusiones entre figuras como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno, Cornelio Saavedra y otros dirigentes criollos. La presión popular empezó a sentirse en las calles de Buenos Aires. El pueblo reclamaba la convocatoria a un Cabildo Abierto para decidir el futuro político del Virreinato.

El 22 de mayo se realizó finalmente ese Cabildo Abierto. Allí se debatió durante horas si el virrey debía continuar gobernando o si el poder debía pasar al pueblo. Fue una jornada intensa y decisiva. La postura revolucionaria logró imponerse: se resolvió que Cisneros debía dejar el mando.

Sin embargo, todavía quedaban maniobras políticas. El 24 de mayo se intentó formar una junta presidida por el propio Cisneros, lo que generó una fuerte reacción popular. Las milicias criollas y los sectores revolucionarios rechazaron esa solución porque consideraban que mantenía intacto el poder colonial.

Finalmente, el 25 de mayo de 1810, bajo una persistente lluvia y con el pueblo reunido frente al Cabildo, se constituyó la Primera Junta de Gobierno. Su presidente fue Cornelio Saavedra y entre sus integrantes estuvieron Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga y otros protagonistas fundamentales de la historia argentina.

Ese día no significó todavía la declaración formal de independencia, que llegaría seis años después, en 1816, en el Congreso de Tucumán. Pero sí marcó el nacimiento del primer gobierno autónomo y el inicio del proceso emancipador en el Río de la Plata.

La Semana de Mayo dejó además una enseñanza histórica profunda: los pueblos, cuando toman conciencia de su propia soberanía, pueden cambiar el rumbo de la historia. Aquellos hombres y mujeres de 1810 actuaron en medio de incertidumbres, divisiones y enormes riesgos, pero entendieron que había llegado el momento de construir un destino propio.

Hoy, más de dos siglos después, la Revolución de Mayo sigue siendo uno de los pilares de la identidad argentina. No solo por lo que ocurrió en aquellas jornadas de mayo, sino porque simboliza la búsqueda de libertad, participación popular y autodeterminación que marcaría el nacimiento de la nación.

18-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

Uno de los objetivos de los gobiernos liberales, neoliberales, anarco capitalistas, libertarios o como quiera llamárseles, es quitarle poder y recursos estratégicos que le costaron sacrificios a varias generaciones que siempre deben estar en manos de una nación, para luego entregárselos en bandeja de plata al sector privado nacional o extranjero.

Ese tipo de políticas antinacionales lamentablemente ya la vivimos con anterioridad en nuestro país, a saber: durante la última dictadura militar se liberó mucho la economía, hubo privatizaciones pero, nunca en la dimensión en que lo hizo el gobierno de Carlos Menem, donde el patrimonio común de todos los argentinos prácticamente quedó reducido a la nada, a través del desprendimiento de empresas y la concesión de servicios por varias décadas.

Posteriormente el macrismo se desprendió de importantes bienes principalmente tierras estatales en varios puntos del país, poniendo incluso en peligro nuestra soberanía territorial, como es el caso de la prohibición que ejerce de hecho el terrateniente inglés Lewis, sobre los accesos al lago escondido en el sur de nuestra patria.

Y ahora estamos en camino de ser nuevamente esquilmados, utilizándose a tal efecto, la coyuntural presencia en el poder ejecutivo para rifar, ni siquiera al mejor postor, el mantenimiento de nuestras propias rutas a través de peajes, que lo único que realizan es colocar una casilla cada tantos kilómetros, asegurándose un negocio rentable de por vida, a costa del bolsillo del pueblo argentino, que ve cada día que pasa como existe una desproporción extraordinaria entre el canon abonado por los concesionarios y la renta que logran con el mínimo riesgo.

No fue casualidad, que se suspendiera la obra pública desde que asumió Javier Milei, donde las rutas tienen un peso específico central, tampoco quitarle todas las potestades a Vialidad Nacional, de tal manera, se justifica la participación leonina del sector privado en este nuevo negociado que huele a corrupción por donde se lo mire.

Cambian algunas figuras del establishment pero los negociados siguen a la orden del día, en la fecha, el ministro de economía Luis Caputo, adjudicó la concesión de una nueva tanda de rutas nacionales y avanza en su objetivo de entregarle por al menos 20 años a operadores privados el control de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, proceso que supuestamente finaliza a fines de junio/2026.

Frente a esta realidad, varias entidades de usuarios viales denuncian que en las rutas ya concesionadas hace meses recién comenzaron algunas obras menores de bacheo, mientras que en las recientemente adjudicadas apenas se contempla el mantenimiento y corte de pasto, esa sola tarea a cambio de incrementar el número de casillas de cobro de peajes, es decir, darle más ganancias extraordinarias a los concesionarios que jamás construyeron ni 100 metros de ruta.

Para poder apreciar como desde las entrañas mismas del estado se lo boicotea y con ello al pueblo argentino, vale la pena mencionar como ejemplo el caso de la Ruta nacional Nº3, en la que a partir de ahora solo en el tramo CABA – Bahía Blanca se van habilitar ocho peajes, es decir, un peaje cada 90 kilómetros por no hacer absolutamente nada durante meses.

Tras la publicación de las concesiones, la Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires, está evaluando una presentación judicial por haberse excluido de exprofeso a la estatal bonaerense AUBASA de los tramos de la Etapa II, denunciando además que más allá de algunos movimientos de tierra, "no hay un kilómetro de nuevo asfalto", hecho que sucede en los tramos de las rutas nacionales Nros. 3, 5, 205 y 226 que atraviesan la Provincia de Buenos Aires y que fueron entregados al control del sector privado.

Las empresas a las cuales se le otorgaron las concesiones del servicio de peajes son las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, que se adjudicaron el mantenimiento de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, así como, las rutas nacionales Nros. 3, 205 y 226.

Además, se le entregó a la mendocina Ceosa (Construcciones Electromécanicas del Oeste) la concesión de la Ruta Nacional Nº5, se trata del tramo que va desde la localidad de Luján (Buenos Aires) hasta Santa Rosa (La Pampa)m dicha firma cotizó una tarifa inicial para cada uno de los peajes de $ 2.850.

En tanto, el consorcio ganador de las autopistas y las rutas Nros. 3, 205 y 226 cotizó una tarifa de peaje de $ 1.206 por cada tramo.

Dice Caputo: “las rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidio alguno, con inversión 100 % privada", el ministro habla de inversión privada, cuando las obras están financiadas por el Fondo de las Pymes y el Banco BICE y para colmo no existe un ente regulador, que tendría que estar operativo por ley antes de adjudicarse los corredores, porque las concesiones viales tienen carácter de servicio público, como la luz y el agua.

Paralelamente continúan los procesos de las licitaciones del resto de los tramos en su objetivo de alcanzar la totalidad de las mismas a mitad de año, ya se realizó la apertura de sobres de la Etapa II-B que abarca los Tramos: Mediterráneo (RN 7 y RN 35), Puntano (RN 8, RN 36, RN A-005 y RN 193), Portuario Sur (RN 9 y RN 188) y Norte (RN 9, RN 33 y la Circunvalación de Rosario).

Dios salve a la república Argentina.

15-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

Ya casi es una constante que el ejecutivo del distrito del país más pequeño y que más recauda en relación a la cantidad de habitantes que posee, cuyo presupuesto es 10 veces mayor que por ejemplo el partido de la Matanza, recurra regularmente a La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para solicitarle una ampliación presupuestaria.

La excusa en esta oportunidad ha sido la necesidad de adecuar las previsiones presupuestarias al contexto económico actual y garantizar la continuidad de los servicios esenciales que presta el Gobierno porteño, que además hace pocos días se ha endeudado en dólares obteniendo la tasa más baja que se le concediera hasta el presente.

Concretamente la ampliación presupuestaria fue del 15,5% sobre los valores del aprobado en noviembre/2025, que ascendía a 17,4 billones de pesos, el monto pedido por el ejecutivo y aprobado por la Legislatura Porteña surge del desfasaje existente entre la variación anual de la inflación en la CABA y el oportunamente aprobado para el año en curso.

La ampliación presupuestaria contempla principalmente mayores erogaciones en gasto de personal para afrontar el impacto de los acuerdos paritarios; para servicios no personales destinados al mantenimiento y mejora del espacio público, limpieza, seguridad y movilidad; para transferencias orientadas a asistencia social y transporte; y para obras públicas, reparaciones, mantenimiento y equipamiento.

Asimismo, se incorporan partidas para bienes de consumo vinculados al fortalecimiento de los sistemas de salud, educación y seguridad; para activos financieros; y para afrontar mayores servicios de deuda pública.

En la teoría el financiamiento va surgir por el supuesto aumento de la recaudación tributaria, integrado principalmente por mayores ingresos provenientes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos, gravámenes inmobiliarios, patentes y otros tributos, así como, ingresos derivados de la moratoria aprobada por la Ley Nº6.842 y los planes de facilidades de pago vigentes.

Además el oficialismo ha logrado ampliar el monto máximo para la emisión de Letras del Tesoro y se ha procedido a actualizar el valor de las Unidades de Compra y de Multa previstas en la Ley Nº2.095, fijándolas en $ 550 para el ejercicio 2026.

Tras la aprobación lamentablemente se dio tratamiento y fueron sancionadas las leyes de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, establecido en la Ley nacional Nº27.742 y de creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Legislatura aprobó la ampliación presupuestaria con la abstención de La Libertad Avanza y Jorge Macri avanzó con el RIGI porteño que reclamaban los libertarios.

Hubo un sinfín de negociaciones en la trastienda, uno de los pedidos que formuló el peronismo porteño fue la solicitud finalmente denegada de cobrarle Ingresos Brutos a los monotributistas, pero el oficialismo priorizó el acuerdo con los libertarios y los 21 votos del PJ y la izquierda fueron contra la ampliación.

El bloque radical que conduce Manuela Thourte y donde conviven las líneas de Daniel Angelici, Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti votó unido y junto al peronismo y la izquierda se opusieron al RIGI y votaron a favor del RIMI.

El macrismo salió airoso gracias al apoyo del larretismo y la UCR, el PRO logró la abstención de los libertarios y la votación terminó 24 a 21 con 14 abstenciones.

12-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

Un elemento trascendente en la vida cotidiana del pueblo es el salario de los trabajadores, debería existir un salario mínimo que permita a todas las familias vivir con dignidad, como sabemos detrás de cada cifra hay personas que tienen que pagar alquileres, comprar medicamentos, llenar la heladera y sostener un hogar. Y cuando uno recorre la historia económica del país aparecen contrastes muy fuertes que ayudan a entender qué modelos económicos beneficiaron más al trabajador y cuáles terminaron deteriorando su poder adquisitivo.

Por ejemplo, durante el gobierno de Carlos Menem, al final de su mandato el salario mínimo equivalía aproximadamente a 200 dólares. Era la época de la convertibilidad, del “uno a uno”, cuando aparentemente la Argentina ingresaba al primer mundo. Pero detrás de esa estabilidad artificial se aplicaban políticas muy similares a las que hoy impulsa Javier Milei: privatizaciones masivas, reducción y destrucción del Estado nacional, apertura indiscriminada de la economía, endeudamiento externo creciente y un modelo donde el control de la inflación se sostenía en gran parte mediante desocupación, caída salarial y debilitamiento del aparato productivo.

Mientras algunos sectores vinculados a las finanzas y a las privatizadas obtenían enormes ganancias, crecían el desempleo, el cierre de industrias nacionales y la exclusión social.

Con Fernando De la Rúa el deterioro se profundizó y el salario mínimo cayó a unos 140 dólares. Ya no solamente había ajuste económico: había recesión, desempleo y desesperación social. Ese período terminó dramáticamente con los luctuosos acontecimientos de fines del año 2001: represión, muertos en las calles, saqueos, el corralito financiero y una crisis institucional que hizo estallar al país y que culminó con la renuncia presidencial y su huida en un helicóptero, la consecuencia fue que millones de argentinos vieron desaparecer sus ahorros, perder sus empleos e ingresar abruptamente en la pobreza.

Después del derrumbe vino Eduardo Duhalde y se tuvo que hacer cargo del muerto, llegando en un momento el salario mínimo a equivaler apenas a 70 dólares. Ese dato muestra el nivel brutal de destrucción económica y social que había dejado la crisis. Era un país devastado, con pobreza récord y con salarios completamente pulverizados, aunque bastante saneada las finanzas estatales y con políticas sociales que evitaron el estallido social definitivo.

Pero a partir de 2003 comenzó una recuperación muy fuerte. Con Néstor Kirchner el salario mínimo subió hasta alrededor de 310 dólares. Volvieron las paritarias, creció el empleo, se recuperó la industria y empezó nuevamente a moverse el mercado interno. Además, durante esa etapa la Argentina registró los llamados “superávits gemelos”, es decir superávit fiscal y superávit comercial al mismo tiempo, algo muy poco frecuente en la historia económica argentina.

También se tomó una decisión política de enorme peso simbólico y económico: cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional para recuperar márgenes de autonomía en la política económica nacional. La economía dejó de girar solamente alrededor de los bancos y volvió a girar alrededor del trabajo, la producción y el consumo.

Durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el salario mínimo alcanzó aproximadamente los 435 dólares. Y posteriormente, en su segundo mandato, llegó incluso a rondar los 600 dólares, convirtiéndose en el salario mínimo en dólares más alto de América Latina. En aquellos años la Argentina tenía costos energéticos bajos gracias a los subsidios estatales, lo que permitía a muchas industrias nacionales competir internacionalmente con mayores ventajas. Hubo además un desarrollo científico y tecnológico pocas veces visto en la historia del país.

Por ejemplo, se lanzaron satélites desarrollados casi íntegramente por técnicos, científicos y empresas nacionales, demostrando que la Argentina podía producir tecnología de alta complejidad con recursos propios. También existió una fuerte integración regional con Brasil y otros países sudamericanos, priorizando alianzas comerciales estratégicas y una política de mayor soberanía en la toma de decisiones económicas y geopolíticas. Había consumo, expansión económica, créditos, crecimiento del empleo y una clase media que todavía podía proyectar hacia adelante.

Después volvió un modelo económico completamente distinto. Con Mauricio Macri el salario mínimo cayó nuevamente hasta unos 270 dólares. Regresaron el endeudamiento externo, la bicicleta financiera y los tarifazos. El trabajador volvió a perder frente a la inflación y otra vez el salario empezó a correr detrás de los precios.

Con Alberto Fernández el salario mínimo logró recuperarse parcialmente y llegó aproximadamente a 390 dólares. Pero para analizar ese período hay que recordar el contexto extraordinario que atravesó el país y el mundo. Hubo una pandemia global que paralizó la economía internacional, afectó la producción y destruyó millones de empleos en numerosos países.

El Estado intervino fuertemente para evitar una ola masiva de quiebras empresariales y despidos, sosteniendo salarios y ayudando a pequeñas y medianas empresas mediante distintos programas de asistencia. Además, el país sufrió una de las peores sequías de las últimas décadas, afectando gravemente el ingreso de divisas provenientes del sector agroexportador.

Y aun así, pese a todas esas dificultades, muchos indicadores económicos y sociales terminaron siendo mejores que los registrados durante el gobierno de Mauricio Macri, incluyendo el propio salario mínimo medido en dólares, que se ubicó bastante por encima de los niveles dejados por el macrismo.

Pero a partir de 2023, con la llegada de Javier Milei al gobierno, vuelve a instalarse un modelo económico muy parecido al aplicado durante las etapas de Menem y Macri. Se impulsa nuevamente el ajuste del Estado, las privatizaciones, la desregulación económica y una fuerte transferencia de costos hacia trabajadores y jubilados.

Apenas iniciado el gobierno se produjo una fuerte devaluación de la moneda y durante meses la Argentina registró niveles récord de inflación que pulverizaron salarios y jubilaciones. El resultado de esas políticas empieza a verse con claridad: caída del poder adquisitivo, aumento de la desocupación, deterioro del consumo interno y una crisis cada vez más profunda en sectores industriales y comerciales que no pueden competir en un contexto de apertura y costos crecientes.

Paradójicamente, mientras se hablaba de liberar la economía, la Argentina pasó a convertirse en uno de los países más caros del mundo en muchos bienes y servicios básicos.

Al mismo tiempo, numerosos sectores críticos sostienen que el Banco Central perdió gran parte de su autonomía, subordinando buena parte de la política monetaria y financiera a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal norteamericana y las presiones derivadas del escenario político y económico internacional, particularmente de los cambios de humor en los Estados Unidos.

Porque la discusión de fondo no es solamente cuánto vale el dólar o qué dicen los economistas en televisión. La discusión es qué modelo económico permite que el trabajador viva mejor y cuál termina ajustando siempre sobre el mismo sector: los jubilados, los asalariados y la clase media.

Cuando el salario crece, crece también el comercio, la industria y el consumo. Cuando el salario cae, se enfría toda la economía. El almacenero vende menos, la pyme produce menos y la rueda económica empieza a frenarse. Por eso el salario no es solamente un número: es el corazón mismo de la economía real.

Y hay otro dato de fondo que ayuda a entender lo que está ocurriendo. Durante muchos años, especialmente en etapas de fuerte crecimiento económico y expansión del empleo, existía una distribución más equilibrada de la renta nacional entre el capital y el trabajo. Distintos análisis económicos señalaban que en determinados períodos el reparto del ingreso llegó a aproximarse a un esquema cercano al 50% para los trabajadores y 50% para el sector empresario y el capital. Hoy, en cambio, diversos estudios muestran una caída muy importante de la participación salarial en el ingreso nacional, algunos estiman que la última referencia del año 2024 (44%) ha bajado abruptamente durante el 2025 y la parte del año que transcurre ubicándose en aproximadamente el 38%, lo que representa una pérdida del poder adquisitivo muy significativo.

Eso significa, en términos concretos, que una parte cada vez mayor de la riqueza generada por el país queda concentrada en sectores empresariales y financieros, mientras trabajadores y jubilados pierden capacidad adquisitiva. Y quizá ahí esté la conclusión central de toda esta historia: detrás de cada modelo económico hay sectores que ganan y sectores que pierden. Y cuando el ajuste recae siempre sobre salarios, jubilaciones y consumo popular, el resultado termina siendo una sociedad más desigual, más frágil y con menos posibilidades de desarrollo nacional.

12-05-2026 Luis Alberto Mello
Coordinador BA – Ciudad Krypton Digital.

CABA: UNA NUEVA CONCESIÓN A LA PATRIA INMOBILIARIA

El ejecutivo porteño ha presentado a la Legislatura Porteña un proyecto de ley a fin de que dicho cuerpo trate la creación de un Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras llevadas a cabo en contravención al Código de Edificación y al Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa presentada pretende establecer un régimen especial que regularice las mejoras y/o las ampliaciones edilicias efectuadas, sin la correspondiente declaración conforme la normativa vigente y además propone la regularización de edificaciones que como consecuencia de la dinámica del desarrollo inmobiliario o el desconocimiento de los particulares de las normas que rigen la temática, fueron construidas incumpliendo el Código de Edificación y el Código Urbanístico de la CABA.

Lo que pretende el macrismo es regularizar la situación de los edificios construidos fuera del marco de la ley al 1° de abril de 2026, alegando que esta situación no solo configura una problemática administrativa, sino que también representa una carga económica injusta para los propietarios, en tanto afecta directamente el valor de mercado de los inmuebles y limita su aptitud para acceder al crédito hipotecario.

Como de costumbre las autoridades que manejan los destinos de la ciudad desde hace dos décadas, apelan al eufemismo “carácter excepcional” para liberar de las multas al sector de la construcción que al momento de realizar las edificaciones conocía perfectamente la normativa vigente.

A tal efecto, se especifica en el proyecto que esta medida beneficiaría a los vecinos que habitan la ciudad, pues contempla los siguientes lineamientos:

Protección de la Vivienda y el Patrimonio Familiar:

Se establecen condiciones específicas para unidades en Propiedad Horizontal (PH) y viviendas individuales. Para estos casos, se aplica un recargo fijo del 250% en los Derechos de Construcción Sustentable, sin límite de superficie, facilitando que el ciudadano normalice su título y recupere la aptitud crediticia de su hogar.

Gradualidad en los recargos:

El régimen impone una carga fiscal creciente según el metraje en contravención, aplicando un 250% para obras menores a 100m2, un 350% para escalas intermedias y un 700% para aquellas que superen los 1.000m2.

Esto supuestamente asegura que el costo de la regularización sea proporcional a la magnitud del incumplimiento.

Fomento a Instituciones deportivas, culturales, sanitarias y educativas:

Se dispone la exención total de pagos para establecimientos públicos de sanidad y educación, y predios en barrios informales en proceso de reurbanización. Asimismo, se facilita la regularización de clubes sociales y establecimientos privados de salud y educación mediante un canon reducido al 20% de la incidencia de suelo.

Seguridad y Convivencia Urbana:

El proyecto mantiene la firmeza normativa al excluir expresamente aquellas obras que atenten contra la seguridad, accesibilidad, higiene o requisitos mínimos contra incendios, así como las intervenciones sobre Monumentos Históricos Nacionales.

Lo que no dice el proyecto es que esta amnistía para los infractores incluirá también a edificaciones que superen los 5000m2, lo que echa por tierra la falaz argumentación de que el objetivo de la norma es beneficiar a los vecinos, se trata de salvaguardar los intereses de la patria inmobiliaria, pues las sanciones vigentes superan ampliamente los porcentuales establecidos en el proyecto de ley que ha entrado a la Legislatura Porteña.

09-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

Antes que nada, hay que decir que la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa dejó al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) en una crisis financiera y de prestación de servicios paupérrima, acumulando además una deuda al mes de abril/2026 estimada entre los $ 200.000.000.000 y los $ 300.000.000.000 (hay un proceso de auditoría vigente), revirtiendo un superávit previo de $ 25.000.000.000, todo esto en tan solo dos años de gestión.

La crisis de la obra social militar argentina ya dejó de ser solamente un problema administrativo o financiero. Lo que hoy atraviesan miles de militares activos, retirados y sus familias es una verdadera emergencia sanitaria y social que golpea el corazón mismo de las Fuerzas Armadas.

El derrumbe del IOSFA, saco a la luz una combinación explosiva de endeudamiento, abandono estatal, deterioro salarial y conflictos políticos internos que hoy generan un creciente malestar dentro del ámbito militar y la clase política.

La situación se agravó tanto que el gobierno terminó disolviendo el IOSFA, para luego crear una nueva estructura llamada OSFA. Pero lejos de solucionar el problema, la crisis continuó profundizándose, pues las deudas con clínicas, sanatorios y prestadores siguieron acumulándose y mientras tanto, miles de afiliados denuncian cortes de servicios, suspensiones de tratamientos y enormes dificultades para acceder a atención médica.

Otra fuente periodística seria refiere que el pasivo acumulado ronda los 200 millones de dólares, una cifra monumental para una obra social sostenida principalmente por aportes obligatorios del propio personal militar.

El escenario interno es cada vez más tenso, el general Carlos Presti, actual ministro de Defensa y primer teniente general en ocupar ese cargo desde 1983, quedó en el centro de fuertes críticas provenientes desde el interior de las propias Fuerzas Armadas.

En el entorno del ministerio reconocen que el gobierno apostaba a dos ejes para relanzar la gestión: 1) La resolución de la crisis sanitaria y 2) La puesta en funcionamiento de los aviones F-16 adquiridos recientemente, pero la realidad nos muestra que ninguna de las dos cuestiones pudo resolverse y consecuentemente el malestar sigue creciendo.

La situación explotó aún más con la renuncia del general de brigada Sergio Maldonado, quien había asumido en febrero/2026 al frente de la nueva OSFA, el funcionario abandonó el cargo por mantener profundas diferencias con el ministro.

A esto se sumó un hecho dramático que impactó fuertemente dentro de las filas militares: el suicidio de un suboficial retirado que se habría quedado sin cobertura médica. El episodio generó conmoción y aumentó todavía más las críticas hacia la conducción política del área de Defensa.

Mientras tanto, en distintas ciudades del país, militares activos y retirados deben afrontar de su bolsillo tratamientos de enfermedades graves, medicamentos y estudios médicos porque muchos prestadores dejaron de atenderlos por falta de pago.

La crisis sanitaria se combina además con otro problema estructural: los bajos salarios militares. Muchos efectivos deben buscar segundos trabajos para sostener a sus familias mientras continúan aportando a una obra social que no logra responder adecuadamente.

Dentro del ámbito castrense crece el enojo. Un militar en actividad citado por medios políticos describió crudamente la situación afirmando que “Presti se conforma con ser el primer teniente general en llegar a ministro en democracia e imagina su cuadro en el edificio Libertador, pero va camino a un tribunal de honor”.

Otra fuente sostuvo que el ministro “está más solo que Kung Fu”, porque dentro del propio gobierno no habría sido realmente integrado a las decisiones centrales y en las Fuerzas Armadas ya no lo ven como alguien que defienda los intereses y las necesidades militares, sino como un funcionario político que simplemente pide paciencia en nombre del ajuste oficial.

El malestar también crece por la venta de bienes e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Sectores militares denuncian que se estén liquidando propiedades históricas bajo el argumento de financiar modernización militar, aunque muchos sostienen que esos recursos son insuficientes y que de ningún modo resolverán el deterioro estructural en que se hallan las fuerzas armadas, incluso algunos oficiales de la marina retirados afirman que el dinero obtenido “no alcanza ni para comprar dos fragatas”.

Todo esto ocurre en un contexto de deterioro general del sistema de defensa argentino. Mientras el discurso oficial reivindica permanentemente a las Fuerzas Armadas y busca reposicionarlas políticamente, miles de militares sienten que en la práctica fueron abandonados por el propio Estado. El problema ya no es solamente económico, es moral, institucional y humano.

Porque detrás de las cifras multimillonarias despilfarradas cuyo destino no parece claro, hay personas concretas: suboficiales retirados que no consiguen medicamentos, familias enteras sin cobertura efectiva, pacientes oncológicos que deben pagar tratamientos por su cuenta y prestadores médicos que directamente dejaron de atender afiliados militares porque las deudas son impagables.

El gobierno insiste en que la nueva OSFA permitirá ordenar el sistema. Pero hasta ahora el panorama sigue siendo crítico. Las renuncias, los conflictos internos y las crecientes críticas dentro de las propias Fuerzas Armadas muestran que la crisis está lejos de resolverse. Y mientras tanto, miles de militares argentinos continúan esperando algo tan básico como una atención médica digna, una cobertura sanitaria y respuestas concretas de un Estado que, según denuncian muchos de ellos, hoy parece haberlos dejado completamente solos.
 
07-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

La presencia de la empresa estatal Israelí Mekorot en la Argentina se ha convertido en uno de los temas más polémicos, pues detrás de la privatizaciones está en juego la soberanía sobre los recursos naturales, en este caso el agua (incluyendo los glaciares).

Los antecedentes de la firma hebrea no son un ejemplo, pues en las tierras palestinas ocupadas se ha apropiado de este recurso escaso y lo distribuye a los colonos israelíes excluyendo principalmente a los agricultores locales, no obstante ello, ha firmado convenios con numerosas provincias argentinas y desde la asunción de Milei comenzó además a asesorar a AySA, la principal empresa de agua potable del país.

En los corrillos de las grandes corporaciones se sabe que la empresa israelita será quien se quede con la explotación del servicio que brinda AYSA, para ello previamente en un par de años se aumentó el precio a los consumidores en un 1000%, dándole al nuevo concesionario la potestad de cortar el suministro por falta de pago al tercer mes de la deuda.

La preocupación aumenta aún más cuando el nuevo marco regulatorio impulsado por el gobierno de Javier Milei, aparte de los cortes de agua por falta de pago y la concesión 30 años con un canon vil, cambia radicalmente el concepto del agua como bien esencial, dejando de ser un derecho humano para convertirse exclusivamente en una mercancía.

Las provincias que públicamente aparecen vinculadas a convenios, planes maestros hídricos o acuerdos técnicos con Mekorot son Mendoza (UCR), San Juan (Frente anti-peronista), Catamarca (PJ), Formosa (PJ), La Rioja (PJ), Río Negro (Pdo. Provincial), Santa Cruz (PJ), Jujuy (UCR), Chubut (PRO) y Neuquén (Pdo. Provincial), a su vez, distintas publicaciones mencionan contactos o proyectos relacionados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero.

Los primeros acuerdos oficiales fueron firmados a través del Consejo Federal de Inversiones durante el gobierno anterior, en actos encabezados por funcionarios nacionales junto a representantes israelíes y directivos de las empresas.

Pero aquí aparece una pregunta de fondo que atraviesa toda la discusión: ¿puede una decisión de semejante magnitud tomarse entre gobiernos y empresas sin consultar a la población? Porque el agua no es un recurso cualquiera. El agua es un derecho humano básico, reconocido incluso por organismos internacionales. Es vida, salud, producción y soberanía. Por eso cada vez más organizaciones sociales plantean que cualquier convenio de largo alcance sobre la administración del agua debería someterse a consulta popular.

Lo que muchos reclaman no es solamente transparencia administrativa que es un paso ulterior, sino lo que se pide es directamente un plebiscito nacional o al menos provincial, para que sea la ciudadanía quien determine si autoriza o no este tipo de acuerdos con empresas extranjeras y si acepta o rechaza la privatización del agua, porque los convenios con Mekorot no contienen únicamente cuestiones técnicas. Implican acceso a información estratégica sobre acuíferos, cuencas y reservas hídricas argentinas, lo raro es que hasta ahora se están salvando los esteros del Iberá.

En varias provincias los acuerdos fueron firmados sin debate público amplio, con escasa difusión y, según denuncias opositoras, bajo cláusulas de confidencialidad. Eso alimentó sospechas y rechazo social. Los críticos sostienen que decisiones sobre recursos estratégicos no pueden quedar exclusivamente en manos de funcionarios de turno o corporaciones internacionales. Mucho menos cuando existen antecedentes tan controvertidos alrededor de la empresa involucrada.

Por eso el reclamo de un plebiscito no aparece como un capricho ideológico sino como una demanda democrática elemental. Si se va a modificar el modelo de administración del agua, si se va a permitir la participación de corporaciones extranjeras o si se avanzará en privatizaciones que podrían afectar el acceso de millones de personas, entonces muchos sostienen que debe ser el pueblo quien decida.

La discusión trasciende incluso a Mekorot, el verdadero debate es quién controla los recursos estratégicos de la Argentina. En un mundo donde el agua dulce se convierte cada vez más en un bien escaso y geopolíticamente valioso, entregar información, planificación y eventualmente administración a actores externos genera interrogantes profundos, solamente detrás de estas decisiones hay un interés pecuniario escondido.

Es cierto que Israel posee tecnología avanzada para manejo hídrico, desalinización y riego en regiones áridas y ello justificaría su presencia en regiones áridas afectadas regularmente por sequías, por lo cual, podrían llegar a beneficiarse con las tecnologías a utilizarse, pero el problema no es solamente tecnológico. Lo central es quién toma las decisiones, bajo qué criterios y con qué límites democráticos.

Por eso son cada vez más las voces insisten en una idea simple: si el agua es de todos, entonces todos deberían poder decidir. Un plebiscito nacional o consultas provinciales abiertas permitirían que la ciudadanía se exprese directamente sobre el futuro de uno de los recursos más importantes del país. Porque una vez privatizado o entregado el control estratégico, revertir ese proceso puede resultar extremadamente difícil, mucho más si en los pliegos existen normas que impiden la renacionalización por ejemplo de AYSA.

El debate recién comienza, pero ya dejó de ser una cuestión técnica. Hoy se discute soberanía, derechos humanos y el modelo de país. Y frente a eso, muchos argentinos empiezan a preguntarse si no llegó la hora de decidir en las urnas qué hacer con el agua, antes de que otros decidan por nosotros.

05-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

En la ciudad de Buenos Aires continúa la íntima relación entre determinados grupos económicos con el poder político que gobierna desde hace dos décadas, imaginen el trasfondo que tendrán las adjudicaciones del estado cuando uno de los oferentes es del mismo riñón del macrismo.

Lo que está en juego ahora es la renovación de la concesión de parte de los parquímetros porteños, servicio que desde el año 2022 tiene a su cargo la empresa Mechp S.R.L., firma ligada a los hijos de Nicolás Caputo y es la que corre con ventaja en esta nueva compulsa, en la misma participó también la empresa Boldt.

Es indudable que se trata del caballo del comisario, pues hace un tiempo la misma firma dedicada a las “actividades deportivas”, recibió la concesión de un predio de 5.000m2 en el barrio de Palermo por el plazo de 25 años para poner en marcha un complejo deportivo.

Mechp S.R.L. está asociada con Blinkay, ambos son los concesionarios actuales de los parquímetros de la ciudad, lo interesante del negocio para los amigos del poder es que están en juego 10.000 lugares de estacionamiento en los barrios de Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta, Balvanera y los alrededores de los hospitales Alemán e Italiano.

Los ingresos que el ganador de la licitación tendrá aproximadamente en forma mensual asciende a la suma de $ 500.000.000, de ese monto el concesionario se queda con el 25% y el estado con el 75% restante.

Cabe agregar que la empresa Boldt nuevamente fue vencida en la licitación ya que en el año 2022 también su verdugo fue Mechp, pero en dicha oportunidad asociada con la española Integra Parking, desarrolladora de la app Blinkay.

Ya en el 2022 la firma CelloPark S.A. que salió segunda en el puntaje licitatorio, impugno el proceso por haberse detectado una serie de irregularidades administrativas, que fueron desestimadas por las autoridades del GCBA.

Como se puede apreciar cambian los Jefes de Gobierno, pero no las políticas ni las viejas prácticas de la “casta” hoy día asociada a nivel nacional con los libertarios, pero a nivel local la discusión por apropiarse de los negocios vinculados al estado separa las aguas y seguramente ambas fuerzas (el macrismo y la Libertad Avanza) presentarán listas separadas en la próxima elección para dirimir el nuevo mandamás de la CABA.

03-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

Hablar del 1º de mayo no es hablar de una fecha más en el calendario. Es hablar de sangre, de lucha, de persecución… y también de memoria. Porque el origen de este día no está en un escritorio ni en una ley, está en la calle, en la represión, en la muerte de trabajadores que pedían algo que hoy parece básico: trabajar ocho horas.

Todo empieza en Estados Unidos, en 1886. En ciudades industriales como Chicago, miles de obreros salieron a la calle reclamando una jornada laboral digna. No pedían privilegios, pedían vivir. Trabajaban hasta 16 horas por día, sin derechos, sin seguridad, sin futuro. El 1º de mayo arrancó una huelga masiva. Y el 4 de mayo, en la plaza Haymarket, la historia dio un giro trágico: una bomba estalló en medio de una manifestación y la represión fue brutal. Revuelta de Haymarket dejó muertos, heridos y, sobre todo, un juicio escandaloso donde varios dirigentes obreros fueron condenados sin pruebas y ejecutados.

A esos hombres se los recuerda como los mártires de Chicago. Y en su honor, el movimiento obrero internacional decidió que cada 1º de mayo sería el día de la clase trabajadora. Paradójicamente, Estados Unidos —donde ocurrió todo— no lo conmemora ese día, sino en septiembre. Incluso inventó el llamado “Día de la Lealtad” para contrarrestar el contenido obrero de la fecha.  Es decir: el origen del 1º de mayo es profundamente conflictivo. Es lucha de clases pura. No es una fiesta, es una conmemoración.

Y si miramos la Argentina, ese carácter no solo se mantiene, sino que se profundiza. Porque la Plaza de Mayo no es cualquier lugar: es el escenario histórico donde el poder y el pueblo se enfrentan cara a cara. Ahí se celebró, se reprimió, se resistió. Ahí habló Perón salió al balcón el 17 de octubre de 1945, ahí marcharon los trabajadores contra dictaduras y ahí nacieron las rondas de las Madres reclamando por sus hijos desaparecidos.

Y en este 1º de mayo de 2026, esa historia volvió a hacerse presente… pero también dejó al descubierto algo más profundo: la crisis de representación del movimiento obrero argentino.

Por un lado, la Confederación General del Trabajo convocó a una movilización en Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador. Un acto con fuerte tono político, con críticas al gobierno nacional, denunciando caída del poder adquisitivo, deterioro social y cuestionando la reforma laboral.

Los dirigentes hablaron de “nuevo contrato social”, de justicia social, de la necesidad de defender derechos históricos. Pero también dejaron un mensaje ambiguo: subieron el tono, advirtieron sobre mayor conflictividad… pero no anunciaron medidas concretas como un paro general. Es decir, el discurso fue duro, pero los planes de lucha siguen esperando, mientras los trabajadores sufren todo tipo de injusticias y se quedan sin su fuente laboral.

Y ahí aparece la otra postal: la fragmentación. Porque mientras una parte del sindicalismo y del peronismo estaba en la plaza, otro sector del Partido Justicialista se reunía en Parque Norte, intentando rearmar espacios políticos, discutir liderazgos y proyectar una alternativa electoral.

Dos escenarios. Dos lógicas. Dos maneras de entender el momento. Y la pregunta cae sola: ¿qué está pasando con la dirigencia sindical argentina?.

Porque históricamente el sindicalismo fue columna vertebral del peronismo, motor de movilización, herramienta de presión real. Pero hoy aparece dividido, tensionado entre la calle y la negociación, entre la protesta y la especulación política.

Por un lado, sectores que quieren confrontar abiertamente con el gobierno. Por otro, sectores que parecen esperar, medir, negociar… o incluso reacomodarse dentro de un nuevo mapa político.

El resultado es una imagen compleja: hay movilización, sí. Hay discurso crítico, también. Pero no hay una conducción clara ni una estrategia unificada. Y eso, en un contexto de crisis económica, de caída del empleo y de reformas que afectan derechos laborales, no es un dato menor.

Porque si el 1º de mayo nació en Chicago como una expresión de unidad obrera frente al poder, hoy en la Argentina parece reflejar lo contrario: fragmentación. Y sin embargo, la historia enseña algo importante. Los derechos laborales nunca fueron un regalo. Siempre fueron producto de la organización, del conflicto, de la presión colectiva.

La jornada de ocho horas, las vacaciones, el aguinaldo, las indemnizaciones… todo eso nació de luchas como las de Haymarket.
Entonces la pregunta final no es solo qué hace la dirigencia sindical, sino qué pasa con la base trabajadora. Porque cuando la representación se debilita, la historia suele encontrar otros caminos.

El 1º de mayo no es un ritual vacío. Es una advertencia. Es memoria viva. Es el recordatorio de que cada derecho conquistado puede perderse… si no hay quien lo defienda. De Chicago a Buenos Aires, de 1886 a 2026, el hilo es el mismo: trabajo, dignidad y poder.

01-05-2026 Luis Alberto Mello
Coordinador BA – Ciudad Krypton Digital.