Habiendo dictaminado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que todo el articulado de la Ley de Medios Audiovisuales es constitucional, el monopolio y sus colegas que trabajan incansablemente para derrotar al gobierno nacional y para defender sus privilegios e intereses, han iniciado una nueva batalla comisionando a sus empleados a la Organización de Estados Americanos para exponer ante dicho organismo internacional la supuesta falta de libertad de expresión reinante en nuestro pías.

Como decíamos al inicio de la presente entrega, se podrá no compartir las políticas centrales del kirchnerismo, se podrán cuestionar a sus cuadros políticos, se podrán demostrar algunos casos de corrupción, se podrá demostrar que la inflación es superior a la que marca el INDEC, se podrá cuestionar una política errática en materia energética y los acuerdos con Monsanto y las Mineras Internacionales, PERO LO QUE NUNCA SE PODRÁ DECIR QUE HAY FALTA DE LIBERTAD EN LOS MEDIOS DE PRENSA, en nuestro país la figura de los prelados, los militares, la presidenta, funcionarios del gobierno, etc. se encuentran sometidos a la impiadosa campaña de difamación de los medios de comunicación dominantes.

Por todo ello, resulta irrisorio y poco serio ver desfilar a periodistas “top” como Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Luis Majul, Alfredo Leuco, Mariano Obarrio y José "Pepe" Eliaschev, ante la OEA alegando una supuesta falta de libertad de expresión, agudizada según ellos con el fallo reciente de la Corte Suprema que pone en caja al grupo “Clarín”.

Previo al encuentro desarrollado en Washington la embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré declaró que "La propaganda opositora vuelve a la carga para tratar de imponer de facto lecturas de la realidad inconcebibles".

La que abrió la parodia desarrollada por estos mercenarios de la comunicación fue Magdalena Ruiz Guiñazú, quien hizo referencia al “juicio ético” que hiciera la organización de Hebe de Bonafini y la aparición de afiches en los que anónimamente se criticaba a comunicadores cuyos patrones estaban decididamente en contra de la Ley votada por el congreso nacional.

En su relato la periodista mañanera afirmó que fue injustamente acusada de haber sido jefa de prensa del Ministerio de Economía durante la dictadura y que al respecto el gobierno nacional nada hizo para desmentir tal acusación y que por el contrario había un funcionario presente en el acto en que la difamaron.

Por su parte Joaquín Morales Solá leyó un documento en el que acusa al gobierno de “una persecución sistemática y que por lo tanto, no se puede trabajar tranquilo por las potenciales represalias que ciernen sobre sus cabezas y que además son permanentemente insultados en la calle”.

Otro de los expositores fue un representante de la Asociación por los Derechos Civiles, quien abogó por el empleo de "criterios objetivos y una regulación nacional, provincial y municipal para distribuir la publicidad oficial (el grupo Clarín es el que más factura por propaganda oficial) y que la pauta no sea utilizada como parte de la propaganda partidaria oficialista”.

A su tiempo, el Doctor Juan Salgado que participó en este encuentro representando al Estado nacional, recorrió los pasos por los que transitaron las políticas del gobierno en materia de ddhh y que la administración kirchnerista prácticamente no ha recibido ninguna demanda por violaciones a la libertad de expresión en organismos del país y/o del exterior y que las estadísticas demuestran el retroceso en dicha materia a partir del año 2002.

Apunto también el representante argentino ante la OEA que no debemos olvidar la reforma a los delitos de calumnias e injurias, que fuera implementado en la Argentina que supera ampliamente la legislación internacional interamericana, ya que nuestras leyes suprimieron la pena de prisión sino también las figuras que impedían el juzgamiento a los funcionarios del estado.

Finalmente destacó que en el propio seno de la OEA la plena vigencia de la ley de medios audiovisuales “ha sido considerada como un gran paso y un modelo' a tener en cuenta, al igual que la declaración de interés público del papel uti8lizado para la producción de diarios y que por lo tanto, que esta audiencia pública no tiene razón de ser”.

Luego siguió una ronda de preguntas. A los peticionantes les pidieron básicamente que abunden sobre dos cuestiones, a saber: la razón por la cual no hicieron presentaciones judiciales de los casos que denunciaron u otros en el país y si es el Estado nacional o son individuos los que critican su actuación periodística. Consulta que no fue respondida por los peticionantes.

A su turno Joaquín Morales Solá reprochó: "Todos tienen derecho a la libertad de expresión, incluso los funcionarios. Lo que creemos es que no pueden difamar a los periodistas, ni los medios del Estado deben hacerlo. El problema es el Gobierno, no las organizaciones sociales". Terminó diciendo: "El Gobierno reemplazó la condena penal por la pública, y yo prefiero la cárcel al odio y la difamación".

Una mascarada más de estos sirvientes que intentan proteger las fortunas de sus amos y que desprestigian a esta profesión, herramienta que por sobre todas las cosas debería dignificar a la condición humana y no envilecerla, tarea que realizan estos personajes que han vendido su alma al diablo.
05-11-2013.

Pero vayamos al caso de la multinacional Johnson & Johnson, entidad que fuera multada en USD. 2.200.000.000.- por haber pagado sobornos durante el período 1990/2009, para que los médicos y profesionales de la salud recetaran y recomendaran sus medicamentos, lo que popularmente en nuestro país se conoce como “Ana-Ana” (1).

(1) Ana-Ana significa en lenguaje lunfardo “en mitades”. Un pedazo para vos, otro para mí. Un porcentaje para vos, otro para mí. Aunque la palabra no aparezca en ningún diccionario, esta denominación es reconocida y utilizada en el área de la salud. Son las coimas que derivan profesionales y empresas por derivar pacientes, por recomendar remedios de algunos laboratorios, por sugerir usar una clínica y no otra, por aconsejar un sello y no otro. Son los “gastos” que se pagan por el direccionamiento de insumos, medicamentos o servicios.

Lo que sucede con esta aberrante práctica es que el último eslabón de la cadena de comercialización, o sea el paciente, es quien soporta el costo de todas estas coimas que llenan los bolsillos de los corruptos y lamentablemente esto pinta de algún modo la moral de nuestra sociedad.

El comportamiento ilegal denunciado por el Departamento de Justicia norteamericano, esta relacionado con los sobornos derivados para que los profesionales recomienden Risperdal e Invega, medicamentos utilizados para el tratamiento de la esquizofrenia y Natrecor que se prescribe para problemas cardíacos, promocionados además para combatir afecciones cuyo beneficio no fueron aprobados por la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA).

El fármaco Risperdal, llegó al mercado en 1994. Entre sus efectos secundarios, se ha vinculado con un excesivo aumento de peso, más riesgo de diabetes, de ictus y muerte en pacientes de edad avanzada y demencia. La FDA lo aprobó en 1993 para los trastornos psicóticos como la esquizofrenia. La unidad de J & J, intentó aumentar su mercado y lo promocionó para el trastorno bipolar, la demencia, los trastornos del humor y la ansiedad, montando para ella toda la cadena de sobornos a profesionales para que lo recomendarán y lo recetaran a los pacientes.

El gobierno de EEUU estuvo investigando las prácticas de marketing de Risperdal desde el año 2004, por estas mismas prácticas en el año 2011, la compañía fue sancionada con una multa de 829.000.000.- de euros por ocultar los riesgos de este fármaco.

El acuerdo, uno de los más onerosos de la historia de Estados Unidos contra una empresa del sector de la salud acusada por fraude, que implican el pago de multas por conducta criminal y violación al código civil.
04-11-2013.