Antes de afianzar su triunfo en la segunda vuelta, cuando su partido había obtenido la hegemonía en las cada uno de los quince distritos de la Ciudad, las promesas de Mauricio Macri empezaron a desvanecerse. Y generó desde el PRO una constante y progresiva batalla para vaciar de sentido y utilidad a las futuras Comunas.

La primera estocada la dio dos días antes de la segunda vuelta electoral. Haciendo uso de sus atribuciones para reglamentar la estructura organizativa de la Ciudad, Macri sancionó el decreto 376/11. Y así aparecieron las Unidades de Atención Ciudadana (UAC), unas entidades que serían administradas por la subsecretaría de Atención Ciudadana, que depende de la Jefatura de Gabinete.

Las UAC tendrían funciones y competencias que se superpondrían con las de las futuras Comunas, sobre todo en temas referidos a la descentralización de servicios. De modo que las flamantes Comunas quedarían sin los presupuestos para obras públicas. Y -vaya paradoja- toda la nueva estructura burocrática de las UAC estaría a cargo del mismo funcionario que, según la Ley de Comunas, tiene la obligación de garantizar una efectiva transferencia de los servicios centralizados a las Comunas: Eduardo Macchiavelli.

Los actuales Centros de Gestión y Participación Comunal CGPC fueron creados por el decreto 816/ GCBA/2006, para facilitar la descentralización y el camino hacia las futuras comunas. Este decreto específica, en el artículo 3º, que los CGPC quedarían disueltos “al asumir funciones las primeras Juntas Comunales”. Una lectura atenta del decreto 376/11, sancionado por Macri, indica que las UAC son la continuación de los CGPC, pero con otro nombre y atribuciones que, indefectiblemente, se superpondrán a las futuras Comunas. El decreto en cuestión no especifica en que espacio físico funcionarán las UAC, sin embargo, todo indica que sería en las sedes de los actuales CGPC. Donde las Juntas Comunales electas se verían obligadas a avenirse con los 18 directores generales de las UAC, designados por la Jefatura de Gabinete, que percibirían remuneraciones superiores a las de los propios comuneros.

De esta manera, la subsecretaría de Atención Ciudadana, a cargo de Eduardo Machiavelli, y su jefe directo, Horacio Rodríguez Larreta, podrían seguir manejando fondos de un modo discrecional, como lo han venido haciendo hasta ahora.

El decreto de Macri mereció la presentación de dos amparos ante la Justicia porteña. Ambos desestimados por la jueza Gabriela Seijas. Y los amparistas apelaron la sentencia porque consideran que “si bien es indudable que el jefe de Gobierno tiene atribuciones para establecer la estructura de los organismos de su dependencia”, no puede hacerlo “soslayando” el rango constitucional de las Comunas. Por otro lado, el 6 de octubre la Legislatura porteña elevó una declaración de rechazo a la creación de las UAC: “porque no tienen sentido, son inconstitucionales, vacían de funciones a las Comunas, y su puesta en marcha duplicará estructura y gastos de gestión”. Esta declaración no significa que el decreto será derogado, pero es un precedente importante.

Paupérrimo presupuesto para las Comunas:

El presupuesto asignado a las comunas fue la segunda estocada. La actual gestión de Gobierno obvió considerar a las comunas como jurisdicción dentro del proyecto de presupuesto 2012 y dejó en manos de la subsecretaría de Atención Ciudadana, a cargo de Eduardo, la asignación del presupuesto y la transferencia de los servicios a las flamantes comunas. La cifra propuesta es irrisoria. Macchiavelli solicitó para su subsecretaría 332,7 millones de pesos, de los cuales tan sólo $ 71, 8 millones están asignados a las 15 Comunas. Este monto equivale al 0,002% del presupuesto total previsto para la Ciudad. De modo que cada Comuna contará con un presupuesto anual inferior a los 5 millones de pesos, y deberá pagar con eso los sueldos del personal, el mantenimiento de la sede comunal, y demás gastos. Es decir: las Comunas no podrán hacer obras, ni servirán para nada, serán solo una especie de ornamento [1].

El plan de transferencias:

La tercera estocada la dio Machiavelli cuando presentó ante la Legislatura su cronograma de descentralización paulatina. En concreto, el subsecretario de Atención Ciudadana plantea terminar la transferencia de las funciones a las Comunas recién en el año 2013. Esto significa que durante los dos primeros años las Juntas Comunales boyarán en la absoluta inoperancia: no cumplirán las funciones que prevé la Constitución, no tendrán respuestas para los vecinos… Es una excelente estrategia para después convencer a los vecinos de que las Comunas no cumplen función alguna y entonces desmantelarlas por completo.

El PRO no cuenta con mayoría propia en la Legislatura Porteña, y esto lo saben bien los legisladores de la oposición y los comuneros electos, que están dando batalla para que se modifique el proyecto de presupuesto, de manera que se le otorgue jurisdicción propia a las comunas y se les asigne un monto presupuestario equiparable a las competencias que establece la Ley Nº 1777. Esto sería un presupuesto de 100 millones de pesos por Comuna, en vez de los 5 millones asignados.

El desafío ahora es convocar a los vecinos para que hagan propia la lucha por la autonomía de sus Comunas; y eso se consigue con la participación activa, involucrándose en los asuntos que preocupan a cada barrio.

El comienzo de la rebelión barrial se inició el 24/11 cuando los comuneros electos y las organizaciones políticas se movilizaron a la Legislatura Porteña, para exigir que no sea tratado el proyecto de presupuesto para el 2012, hasta bien no se incorpore a las comunas como jurisdicción con partida propia y no se deroguen las UAC.

De la participación de los vecinos y de la valoración que hagan de ellos sus ahora representantes directos dependerá el éxito de la gestión de los recientemente electos comuneros de la ciudad.
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[1] La Ley de Comunas, Nº 1777, establece que el Ejecutivo de la Ciudad puede destinar hasta un 5% del presupuesto total de la Ciudad a las Comunas. Teniendo en cuenta que el monto total del Presupuesto porteño, para el año próximo está estimado en $ 32.705 millones, el 5% hubiese representado más de 1635 millones para las quince secciones, con lo cual cada Comuna habría podido administrar alrededor 109 millones de pesos. Es decir, que el presupuesto asignado al total de las comunas es 25 veces menor al máximo sugerido en la Ley.

Se desarrolló el sábado 25 de noviembre la jornada denominada “Compromiso por una comunicación inclusiva”, en la cual se trató la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con entrada libre previa inscripción y direccionada para toda la comunidad organizado por B’nai B’rith Argentina, la Arquidiócesis católica de Buenos Aires y la AMIA.

El objetivo de la jornada fue difundir y reflexionar acerca del artículo 66 de la Ley, que se propone el logro de la equidad en los medios audiovisuales para las personas con discapacidad.

En el evento disertaron Luis Lázaro, Coordinador General de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA); Facundo Nejamkis, Subsecretario de Comunicación Estratégica; Jorge Milton Capitanich, Miembro del Directorio del AFSCA; Osvaldo Nemirovsci, Coordinador del Consejo Asesor de TV digital Argentina (TDA); Raquel Tiramonti, Presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CO.NA.DIS); el periodista Jorge Gres y Mónica Bianchi, Coordinadora de la Comisión de Discapacidad del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil (CCSC) de la Cancillería de la Nación.

El encuentro se desarrolló en el Auditorio de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), sito en Pasteur 633, de nuestra ciudad, con la presencia de una gran concurrencia de representantes de instituciones vinculadas con la discapacidad, grupos religiosos, periodistas y muchas personas con capacidades diferentes vinculadas principalmente a los medios de comunicación radiales, como fue el caso de nuestro compañero de BUENOS AIRES – CIUDAD KRYPTON DIGITAL, Carlos Raúl Mello, que ya ha participado en distintas actividades organizadas por la mutual israelita como invitado participando en distintos encuentros de reflexión y promoción de la problemática de la discapacidad.

Muy interesante resultó la exposición del representante del AFSCA Luis Lázaro, quien informó a la concurrencia, “que si bien la ley de medios audiovisuales es reconocidamente igualitaria en su espíritu y contenido, seguramente requerirá que se atiendan con mayor precisión las realidades concretas que en la práctica le suceden a las personas con discapacidad, sean éstas titulares de un medio; integrantes de la producción, locutores o conductores de programas radiales o televisivos, a lo largo y ancho del país y que el compromiso del AFSCA no se agotará observando la letra fría de la ley”.

Cabe destacar que la AMIA se ha comprometido a imprimir el material de la jornada, así que para acceder a un folleto que resumirá la actividad desarrollada o adquirir la publicación que contendrá todas las exposiciones a muy bajo costo, se podrán dirigir vía e-mail a: discapacidad@amia.org.ar

1) Derivación de recursos del Banco de la Ciudad:

La legislatura capitalina aprobó como primer punto del orden del día de las sesiones, que $ 500.000.000.- que son recursos del Banco de la Ciudad, sean utilizados para ser aplicados exclusivamente en las áreas de salud, vivienda y educación, para lo cual, se deberá constituir un fideicomiso bancario que permita este tipo de operaciones.

Votaron por esta iniciativa los legisladores del PRO (24), más (18) de la oposición lo que totalizó (42) votos, entre los cuales se incluyeron los votos de varios diputados Kirchneristas, habiéndose opuesto a esta disposición los otros (13) legisladores presentes.

No fue fácil para el titular del cuerpo, Oscar Moscariello conducir la sesión, pues tuvo un duro cruce con empleados del Banco Ciudad que lo insultaban desde los sectores habilitados para la prensa y que repudiaron a viva voz al diputado kirchnerista Juan Cabandié cuando anunció que el bloque votaría a favor del proyecto que autoriza al Ejecutivo a disponer de los fondos de la entidad financiera, llegándose incluso casi al enfrentamiento corporal con el legislador.

No terminó aquí la participación del recientemente reelecto legislador porteño, pues con su voto negativo su bancada no convalidó la resolución del banco oficial, que creaba una silla más en el directorio, supuestamente destinada para el saliente legislador del GEN Martín Hourest.

2) Aumento del ABL en la Ciudad de Buenos Aires:

Luego la legislatura en una de las sesiones más intensas de los últimos años, trató un punto significativo para todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires: el aumento del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza), que finalmente se aprobó.

En función de la votación anterior, sectores ligados a Proyecto Sur y otras agrupaciones de izquierda con y sin representación parlamentaria hablaban de una connivencia entre el macrismo y el kirchnerismo, argumentando que este encuentro se dio también en el tácito acuerdo logrado para designar a los miembros del Consejo de la Magistratura local.

Para lograr dicha sanción del aumento del ABL el oficialismo necesitaba lograr 31 adhesiones sobre el total de 60 bancas con que cuenta la legislatura. Hicieron posible el proyecto posible los (24) votos del PRO, a los que se sumó la totalidad de la bancada de la Coalición Cívica (6) y el voto del socialista D´Angelo (1), al cual se sumó la diputada Denarveista Mónica Lubertino (1), habitual aliada del oficialismo porteño y Raúl Fernández (1) ex ministro de Ibarra y actual integrante de la bancada de Diego Kravetz a quien según comentan en los corrillos se le ha reservado una posición en el directorio del Banco, apadrinado por el macrismo, de ser así, este acuerdo demuestra que la política lamentablemente en nuestros días no tiene límite moral alguno.

Como toda norma que afecta intereses, existieron posiciones encontradas al respecto, dentro y fuera del recinto. Mientras que los sectores de izquierda que no acompañaron el tarifazo hablaban del 300% que se viene, denunciaron que se trata de una jugada más del Ejecutivo porteño en favor de la patria inmobiliaria, pues planteaban que la base para determinar el valor del impuesto es el valor de la tierra y por ende, con esta resolución un PH y un edificio torre van a pagar idéntico tributo, con la diferencia sustancial que el peso de la carga fiscal en el primer caso recaería en una o pocas unidades, mientras que los vecinos de la torre van a poder prorratear los grandes aumentos encubiertos que se vienen, siendo el impacto mucho menor para sus economías, siendo además sus constructores y el macrismo los responsables del deficiente suministro de los servicios más elementales como consecuencia de la política diseñada a favor de los grupos inmobiliarios que van en contra del bien común y la ecología urbanística y social.

Además argumentaban que el impuestazo se debe a que en realidad ha mermado la actividad económica – lo que implicaría menos recaudación de Ingresos Brutos - y que como el horizonte que se avecina es peor que el actual, el gobierno de la ciudad, previniendo dicha realidad económica, utiliza esta herramienta impositiva para hacerse de los fondos necesarios para su gestión, orientada más a satisfacer los requerimientos de contratistas amigos, a los cuales, siempre se le ajustan los precios de sus servicios, incluso mucho más arriba que los valores reales de inflación, que la atención prioritaria de la salud y la educación.

Incluso denunciaron una connivencia con los grandes sectores inmobiliarios para que en pocos años se establezca que el impuesto inmobiliario anual -como norma- represente el 1% del valor fiscal que se equiparará con el valor de mercado, visión que desde Buenos Aires – Ciudad Krypton Digital compartimos si lo denunciado fuera cierto, ya que en ese caso, una propiedad valuada en USD. 70.000.- tributaría anualmente $. 3.000,00.- lo que representaría una verdadera exacción.

Por el lado del oficialismo, se argumentaba que el aumento está en relación a la inflación real existente y a la necesidad de disponer de mayores ingresos para desarrollar las obras presupuestadas y que en promedio el aumento del ABL, no superaría el 66% de aumento respecto a los valores actuales.

3) Aprobaron el presupuesto del año 2012:

Por último, el oficialismo consiguió aprobar en general el Presupuesto 2012, alrededor de las 2 de la mañana. La votación fue de 38 votos positivos PRO (24), UCR (2), Frente Progresista y Popular (4) , Unión Federal (2) y Juan Pablo Arenaza de la CC (1), Encuentro Porteño (2), PJ (3) (7 negativos (Proyecto Sur, MST y GEN) y 10 abstenciones (SI, Nuevo Encuentro, Encuentro Popular por la Victoria (Kirchnerismo) y la CC).

Este presupuesto fue criticado porque contempla un endeudamiento de la Ciudad en 200 millones de dólares más –lo cual se suma a los 300 millones tomados recientemente. Se trata de deuda a corto plazo y en la que se paga y pagarán tasas de interés usurarias.

La otra característica del Presupuesto es que contiene junto al impuestazo un ajuste del gasto en educación, salud y, más en general, de la inversión social del Estado que se compensa en cierta forma con los recursos obtenidos de las rentas del Banco de la Ciudad, que será destinado exclusivamente para atender los graves problemas que se tiene en la ciudad en materia educativa, de salud y vivienda. No creemos que la oposición al macrismo sea cómplice de estos quites encubiertos presupuestarios, pero disponer de recursos exclusivos para las 3 áreas precitadas es más que importe respecto a la situación actual en que se sub ejecutan las partidas, situación que en este período no podrá ocurrir si todo se monitorea como corresponde por parte de la oposición.

Otro dato a tener en cuenta es que el “Presupuesto” está armado sobre la base de la pauta inflacionaria prevista por el Indec del 9,2 %, cuando todo el mundo sabe que es una meta irrealizable, en este caso el macrismo utilizó en la práctica la misma fórmula del gobierno nacional, exponiendo de tal manera supuestos aumentos en el gasto social que se ha fijado este año en un 16 % del gasto social, lo que supondría un aumento real del 9% que resulta falso.

De acuerdo a denuncias de legisladores en los primeros nueve meses del 2011 la sub ejecución del gasto social alcanzó el 62 % de las partidas destinadas a estos fines. Conclusión: al ajuste que nominal que contiene el presupuesto de casi 10 puntos del gasto social hay que agregarle la sub ejecución sistemática de los escasos fondos destinados, que esperemos se revierta este período.