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Actualidad |
13/08/2010 |
| LEGISLATURA - DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD |
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| Más
de 50 jóvenes representantes de organizaciones sociales, culturales
y políticas asistieron a una sesión simbólica
realizada en la Legislatura Porteña. La jornada fue organizada por las diputadas de la Ciudad de Buenos Aires, María José Lubertino y Diana Maffía. El objetivo fue dar participación a estos sectores en el marco del Día Internacional de la Juventud – 12 de Agosto . Asistió además Ezequiel Fernández Langan, director de la Unidad de Coordinación de Políticas Públicas de Juventud de la Ciudad. El representante del Centro Político Cultural y Social Comunarte fue muy aplaudido cuando pronunció el discurso que sigue, vale como muestra porque el tenor de casi todos los expositores fue similar. "Hoy es el día internacional de la juventud, una buena ocasión para plantearnos que tipo de país, de ciudad y de futuro queremos construir nosotros como jóvenes; esto trae implícito preguntarnos cuáles son las políticas laborales, medioambientales, sociales, económicas y educativas que entendemos deberán aplicarse. En la Ciudad de Buenos Aires los jóvenes representan aproximadamente entre un 23% y un 25% de la población, a ello hay que agregar los jóvenes que diariamente ingresan provenientes del Gran Buenos Aires. Entre las principales dificultades que nos afectan, figuran los problemas para insertarnos laboralmente, el acceso a la vivienda y la discriminación que a diario sufrimos cuando la cultura juvenil es desconocida o en el peor de los casos, criminalizados. En este sentido, el Estado debe orientar sus políticas públicas, también, a solucionar los problemas de los jóvenes; lo cual implica atender no sólo a una importante porción de la población, como recién lo señalábamos, sino que además constituye una apuesta a reducir los problemas sociales del futuro en el presente. Para ello, es fundamental, entonces, garantizar el pleno acceso a la educación, la asistencia sanitaria adecuada, oportunidades de empleo, servicios financieros y plena participación en la vida pública. Dije antes que uno de los principales problemas que afrontamos es el del acceso a la vivienda: el 36% de los jóvenes de entre 25 y 29 años vive aún en el hogar familiar, es decir que somos una generación que está postergando cada vez más su salida del hogar de origen para conformar un proyecto de vida autónomo. Esto fenómeno ha sido denominado "el síndrome de la autonomía postergada" para referirse a aquellos jóvenes que han retrasado la edad de emancipación respecto a la tutela de sus padres. Este retraso reconoce múltiples causas, pero en general, se debe a las dificultades para insertarnos en el mercado laboral y a las dificultades para acceder a una vivienda ya sea propia o alquilada. En este sentido, nos parece importante el proyecto del diputado Juan Cabandié de Protección a los inquilinos. Creemos que deben también implementarse créditos blandos y accesibles que faciliten la compra de la vivienda única. El art. 31 de la constitución de la Ciudad, dispone que: La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un háb¡tat adecuado. Para ello: 1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. 2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización de dominios y catastral, con criterios de radicación definitiva. 3. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones. Pensamos que estos objetivos se encuentran actualmente incumplidos, y que la actual política de vivienda de la ciudad es nefasta y se focaliza sólo en el interés de los sectores empresarios. Es necesario reformar el código de Planeamiento urbano, impidiendo la construcción en lugares de la ciudad que ya estén súper poblados y promoviendo la construcción en zonas de la ciudad que necesitan desarrollarse. Tampoco debe permitirse la construcción de torres, sino que debe fomentarse la construcción de viviendas más bajas, que respeten la identidad de los barrios porteños y que resulten más amigables para ser habitadas. Dije también que otro de los serios problemas que afrontamos es la dificultad para insertarnos en el mercado laboral. En este sentido, no son ajenas a esta problemát¡ca las reformas laborales llevadas a cabo en la década del 90. Inspirada en el modelo español, la reforma laboral en Argentina llevó a que se introdujeran numerosos contratos laborales atípicos, a eximir del pago de contribuciones patronales a la seguridad social, y a la reducción de las indemnizaciones por despido. Esto acompañado de una severa desaceleración del crecimiento económico y consecuente aumento del desempleo. Cuando el desempleo general aumenta asociado a la desaceleración del crecimiento económico, el desempleo juvenil aumenta más que el promedio. Por el contrario, cuando el empleo se recupera, los jóvenes son los últimos en beneficiarse. Esto es debido a que los jóvenes, por su escasa experiencia son más prescindibles cuando se requiere ajustar y menos necesarios para la recuperación económica. Al mismo tiempo, los jóvenes provenientes de los hogares humildes son quienes más sufren estas circunstancias desfavorables: en muchos casos, presionados por las necesidades de sus hogares de origen, comienzan a buscar trabajo sin haber completado el ciclo educacional, y, por supuesto, sin experiencia. Enfrentan entonces, un alto riesgo de quedar desempleados o de tener que conformarse con empleos mal remunerados, sin perspectivas de aprendizaje y progreso en la trayectoria ocupacional. La consecuencia de no superar esta tendencia afecta a la sociedad y a los individuos, en especial a los jóvenes. La consecuencia es que se genera un círculo vicioso que resulta en la transmisión inter generacional de la pobreza. En tal sentido, vemos como auspiciosa la implementación de la Asignación Universal por Hijo, que obliga a los beneficiarios a asistir a la escuela para poder percibirla. En el mismo sentido, la Ley de Educación Nacional establece la obligatoriedad desde los 5 años hasta la finalización de la escuela secundaria. Esto es de fundamental importancia, porque el problema de empleo joven tiene que abordarse en primera instancia en el sistema educativo, ya que se está produciendo un cambio que exige una preparación cada vez más avanzada para poder acceder a los puestos de trabajo. Cambia el tipo de requerimiento y se pasa de los conocimientos especializados a las competencias generales. Con ello, se refuerza la necesidad de una mayor cobertura de educación primaria y secundaria para desarrollar las competencias básicas que constituyen el fundamento de la especialización. Debe promoverse además, el desarrollo de saberes y competencias laborales y el reconocimiento de los mismos. Hay actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto suscripto por diversos diputados de los bloques del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro Popular y Solidario que, si todo marcha bien, tendría media sanción este año. Por último, quiero hacer referencia a la discriminación que a diario sufrimos los jóvenes cuando, pese a ser quienes menos hemos influido en el diseño de la sociedad actual, somos señalados como los principales responsables de los problemas que en ella acontecen, fundamentalmente de aquellos relacionados con la seguridad. Según datos estadísticos, los jóvenes hemos sido víctimas en mayores proporciones que los adultos de la inseguridad, sin embargo, y según esas mismas encuestas, estamos mayoritariamente en contra de la justicia por mano propia y de las políticas de "mano dura". Esto hace que me enorgullezca de ser joven en este momento. La sociedad adulta es la única que se expresa con privilegio a través de los medios de comunicación y su palabra es considerada legítima en esta sociedad. Sin embargo, la culpabilización genérica de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sirve de victimización a una sociedad adulta que, en el mejor de los casos, los ha abandonado a su suerte. Ocultos quedan los verdaderos culpables de tales males, que son los adultos que someten a los menores a prácticas criminales, los utilizan como "mano de obra barata" para prácticas delictivas, o se desentienden de su situación. Los medios hegemónicos se deleitan induciendo a un público cautivo e irreflexivo a aterrorizarse frente a la visión de cualquier pibe pobre. Lo cual es también aprovechado por ciertos políticos inescrupulosos, como el actual jefe de gobierno que propone cárcel para trapitos y limpiavidrios, mientras los jefes de la policía metropolitana son imputados por delitos graves como escuchas telefónicas y narcotráfico. Se debe fomentar la participación activa de la juventud en la elaboración de las políticas jóvenes para la Ciudad, como una forma de fortalecer la capacidad de los jóvenes de comportarse como actores sociales que pueden modificar el entorno social y llevar adelante proyectos nacionales. Para ello es necesario restituir la seguridad y confianza de los jóvenes en si mismos, incrementar la capacidad para comunicarse con los demás y promover en los jóvenes la conciencia de ciudadanía. Pero todo ello sólo será posible si los jóvenes tenemos la percepción de que importamos y de que nuestras opiniones son tomadas en cuenta e influyen en las decisiones de la vida colectiva. Los jóvenes queremos, y necesitamos, una sociedad mejor, más inclusiva, en la que nadie se quede afuera, en la que todos tengan acceso pleno a los bienes y servicios que la actual sociedad ofrece y en la que se respeten y reconozcan las diversidades. No queremos que nos condenen por nuestra forma de vestir, de pensar, o de relacionarnos. No queremos ser la parte más delgada del hilo, en el cual se cortan todos los derechos y garantías legales. Los jóvenes tenemos mucho para decir en esta sociedad y exigimos ser escuchados." |
| A PROPOSITO DE LA PROPUESTA DEL 82% MOVIL PÀRA LOS JUBILADOS |
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| Una
de las tantas críticas sin fundamento que descarga la oposición
acerca del funcionamiento del sistema previsional desde el año
2003, resulta la expansión de la jubilación mínima
que cacarean "hoy la cobra 72% de nuestros viejitos cuando antes
solo la cobraba el 35% eh, eh!" y no sé que pavadas más. En un reciente y crítico Newletter “La Fuerte Expansión del Gasto Público y su Exiguo Impacto en la Equidad Social” elaborado por la Consultora Econométrica que dirige el varias veces funcionario público de origen radical Mario Brodersohn, por cierto insospechado de oficialista, se exponen las claves del por qué la jubilación mínima es creciente dentro del universo de las coberturas previsionales . La moratoria previsional, llámese la inclusión de mas personas con el beneficio jubilatorio representa un verdadero avance dentro de una política de equidad social creciente. El pago de esta masa de nuevos jubilados antes carentes de cobertura médica ni salario alguno, explica el aumento del gasto público en un 23,2% respecto del período anterior. Al igual que los subsidios que impiden los desbordes inflacionarios, en la primera etapa de la gestión del kirchnerismo la participación de las jubilaciones en el PBI se redujo del 5,3% en el 2002 al 4,9% en el 2006. Recién a partir del año 2007 aumenta su participación en el PBI como resultado del nuevo régimen de moratoria previsional. La inclusión de nuevos beneficiarios según Brodershon ha sido el programa más ambicioso en toda la gestión Kirchner porque en pocos meses incorporo a 2.360.000 de nuevos jubilados que no habían completado sus aportes o que nunca lo habían hecho. Esta decisión política que en principio no parece justa porque no se han hecho los aportes conforme las leyes vigentes, sin embargo, es una concreta realidad que colabora para la dignificación de amas de casa y en general para personas de la tercera edad que no merecen vivir marginados de la sociedad, nosotros decimos que se podrá discutir los montos que se perciben pero hay que tener en cuenta la cobertura médica y social que reciben a partir de la vigencia de los nuevos parámetros jubilatorios. Este aumento masivo del 73.3% en el número de jubilados dio lugar a un aumento de 30 puntos porcentuales en la cobertura de la población en edad de jubilarse. Del 57.6% en el 2006 pasamos al 87.6% en el 2010. La Argentina pasó a ser uno de los países de América Latina de mayor cobertura jubilatoria en valores absolutos y porcentualmente. Este programa no solo fue el más ambicioso sino también el programa social de mayor costo fiscal desde que los Kirchner son Gobierno. En efecto, el gasto en jubilaciones pasó del 4,9% del PBI en el 2006 al 7,4% en el 2010, es decir, hubo un incremento del 50% en el período. En este contexto, muchos de los representantes del pueblo de la oposición que han sido funcionarios de gobiernos que han congelado por 10 años las jubilaciones y/o que han reducido sus haberes en un 13% no tienen capacidad moral ni política como para que hoy día sin ningún sustento econométrico alguno previo, demagógicamente reunidos en una comisión parlamentaria de diputados impongan su mayoría con el solo objeto de propiciar un proyecto de ley que represente en caso de sancionarse el mismo en ley, un costo para el oficialismo que necesariamente deberá vetar la ley por inconsistente e imposible de materializarla. No cabe duda que los ingresos de la jubilación mínima son insuficientes, quizás debería existir una diferenciación entre la jubilación mínima de los que se han incorporado recientemente como jubilados y los que ya percibían el beneficio desde años anteriores. Por último cabe consignar que los ingresos que los jubilados perciben en la actualidad son ajustados semestralmente y que tomadas las variaciones anuales desde 9/2009 a 2010 el aumento que han recibido es del 50,7% valores que paulatinamente van acercado a los jubilados al tan ansiado 82% móvil y que ojalá nuevamente como dijera un ex presidente y viene al caso por el día que hoy celebramos, que decía así: “En la Argentina justicialista los únicos privilegiados son los discapacitados, los ancianos y los niños. |
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