En el mismo camino, esta semana el MTL Rebelde convocó a organizaciones sociales, de vivienda y cooperativas a organizarse frente a la amenaza inminente a la que se enfrentan a partir de que el Instituto de Vivienda de la Ciudad presentó ante la Legislatura un extenso listado de propiedades para que se apruebe el cambio de destino de las mismas. De esta forma cientos de familias quedarían en la calle.

Mientras tanto, la ONG Puerta 7, conformada por personas que se encuentran o se encontraban en situación de calle, logró presentar un proyecto de Ley para la “Protección y restitución de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle”.

Con los objetivos de “Restituir los derechos consagrados constitucionalmente y su posterior garantía de continuidad respecto de las personas en situación de calle” y “proteger integralmente los derechos respecto de las personas en riesgo a la situación de calle” hoy dieron ingreso por mesa de entrada al proyecto.

“Hoy es un día especial para aquellos que formamos Proyecto7, ya que después de casi un año de arduo trabajo, en el cual participamos organizaciones, especialistas, profesionales, y personas que estuvieron o están en situación de calle, pudimos presentar en la legislatura porteña, el proyecto de ley para personas en situación de calle”, declararon los integrantes de Puerta 7.

Saben que un proyecto tiene que atravesar la Legislatura para ser aprobado y luego debe no ser vetado por Macri para estar sancionado. Pero sus esperanzas se mantienen firmes y piden el apoyo de organizaciones sociales para “militarla, apoyarla y difundirla”. Porque “si bien entendemos que este proyecto de ley no va a solucionar la situación de calle, creemos que si es un aporte fundamental”.

La misma Pierini reconoce que el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Guillermo Montenegro, estuvo de acuerdo en que la Defensoría participara en la elaboración del proyecto que dio pie a la fundación de la Metropolitana. Ahora, con su inclusión en dos proyectos de ley, aprobados en noviembre de 2009 y publicados en el Boletín Oficial a mediados de enero, el organismo dio nuevas pruebas del reconocimiento que recibe. Estos proyectos están relacionados con el control sobre la fuerza de seguridad, una cuestión central para que el respeto a los derechos humanos no sea sólo una declaración de buenas intenciones.

La primera de estas normas es la Ley N° 3.253, presentada a la Legislatura por el Jefe de Gobierno, donde se incluye a un representante de la Defensoría como integrante del Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública. Aunque sólo será un miembro consultivo, Pierini no duda de que su rol consistirá en “velar por el cumplimiento de las pautas internacionales de derechos humanos”. También relacionada con la seguridad es la Ley N° 3.255, surgida de los proyectos 2.400/09 y 2.406/09, que presentaron diversos legisladores de la oposición.

La norma establece la creación de una comisión de evaluación encargada de analizar la incorporación del personal de otras fuerzas a la policía de la Ciudad. En la misión acompañarán a Pierini los presidentes de las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura, aunque por el momento la defensora es el único nombre confirmado, ya que aún no fueron oficializados los presidentes de las comisiones.

Al no poderse aún realizar reuniones formales por ese motivo, Pierini pidió al secretario de Seguridad y al ministro Montenegro contar con un espacio donde revisar los legajos de los agentes. A estas dos normas se les suma la Ley N º 3.285, que le suma a la Defensoría otra función en su rol de velar por los derechos humanos. Esta apunta a un ámbito más extenso que el de la policía local. Se trata de una ley impulsada por el ex legislador Juan Manuel Olmos, que designa a la entidad como autoridad de aplicación para el desarrollo de una serie de jornadas de capacitación sobre Derechos Humanos, Antidiscriminación y Resolución Pacífica de Conflictos que, a partir de este año, serán obligatorias para “todos aquellos que trabajen en las dependencias y organismos descentralizados del Gobierno de la CABA con atención al usuario y al público en general”.

Aunque admite que aún falta conocer la cantidad de cursos que se deberán dictar durante 2010 y el número de agentes que estarán presentes en ellos, Pierini se muestra confiada sobre la capacidad de la Defensoría para hacer frente a la responsabilidad. “Contamos con un personal propio que no es la primera vez que realiza jornadas de este tipo, pero si hace falta más personal, eventualmente, se podrá contratar”, evalúa, agregando que la entidad fue elegida para la tarea “por su experiencia previa”. “Nos sentimos sumamente orgullosos, sobre todo porque en todos los casos la inclusión de la Defensoría se resolvió por unanimidad”, afirma Pierini en relación a las normas aprobadas, y añade: “Tanto el Ejecutivo como el Legislativo toman nuestra labor y la reconocen”. Para la defensora no caben dudas de que el “área cualitativa” de su tarea no está en los simples problemas que pueden surgir en una ciudad tan compleja como Buenos Aires, sino en la defensa de los derechos humanos. Por eso manifiesta su interés po r “profundizar tareas de prevención”, a través de la “concientización de los agentes del sistema”.

Lo que aún falta Seguido a los agradecimientos por el reconocimiento otorgado a la Defensoría, Pierini no se guarda un par de críticas y sugiere otras tareas que podría cubrir el organismo que dirige. Cuestiona que a veces se legisle “sobre la coyuntura del momento” y argumenta que “no es raro que se aprueben normas innecesarias o imposibles de implementar debido a la falta de averiguaciones previas al llevar la propuesta al recinto legislativo”. La solución, considera, sería aprovechar la Defensoría como un elemento de “consulta técnica” previa. “Es un problema de práctica –señala–. Da la impresión de que se cree que en la política no hace falta técnica.

En la Defensoría del Pueblo tenemos experiencia tanto en técnica como en política, y consultarnos no les costaría nada”, completa. Otra propuesta planteada por la ex legisladora es la de “aumentar la cantidad de conciliaciones y arbitrajes” en el ámbito de la Defensoría para descongestionar el “colapsado” sistema judicial. “Hay muchas cuestiones que se podrían resolver sin necesidad de recurrir a los tribunales, pero hoy hay una tendencia a judicializar todos los problemas”, expresa Pierini, para concluir que lo ideal sería dejar la vía judicial “como último- recurso, no como el primero”.

Fuente: Noticias Urbanas.