El GCBA tiene algunos claros y muchos oscuros en su tarea de gobierno. Vemos el impulso que se le da a la patria inmobiliaria, a las ciclovías que afectan negativamente el tráfico de los automóviles pues les quita espacios para circular y por otro lado para agilizar tránsito y ampliar el aeroparque metropolitano Jorge Newbery tiene proyectado construir en 3 meses una nueva salida en la autopista Illía en dirección a la costanera.

Estará ubicada entre la cabecera norte del ex circuito KDT y el paso bajo nivel de la Av. Sarmiento. Este emprendimiento permitirá a los automovilistas dirigirse a las Av. Figueroa Alcorta y Del Libertador sin necesidad de pasar por la costanera.

Según lo diseñado por los arquitectos, esta nueva salida contará con 3 carriles y al llegar a la Av. Sarmiento los automovilistas podrán optar por girar a la derecha para dirigirse a la costanera o bien transitar para la izquierda para empalmar con las Av. Alcorta y Del Libertador.

La empresa encargada de la construcción será AUSA la empresa que administra las autopistas porteñas.

Además al momento de inaugurarse esta obra que comenzará en días, también se habilitará un Km. más de la autopista Illía.

En el proyecto general, el sentido norte de la autopista Illía conecta las Av. 9 de Julio y Cantilo, cubriendo un recorrido de 6,85 km. al que se deben sumar 3,70 km. más, aumentando su recorrido a 10,55 km en total.

Más allá de las opiniones mayoritariamente adversas de los habitantes de los distintos barrios porteños, el GCBA continúa con la construcción de bicisendas con el objeto de promocionar el uso de este medio de transporte en lugar de los automóviles y además para lograr la recreación de los vecinos.

En el mapa que se acompaña podemos observar con facilidad los 75 km de redes ya habilitadas, las que están en obra y las proyectadas que suman un total de 50 km. que se esperan incorporar a corto plazo.

Con referencia a las estaciones que son las paradas donde gratuitamente se alquilan las bicicletas, digamos que en la actualidad están operando 21 puntos, construyendo 10 nuevos y prevén llegar a las 100 a fin de año y el parque de bicicletas disponibles es de 700 unidades. Según lo proyectado, habrían circulando antes del año 2013 alrededor de 5000 bicicletas en toda la ciudad.

Las ciclovías que se encuentran actualmente en construcción se encuentran en las calles Godoy Cruz, Serrano y Julián Alvarez sitas en el barrio de Palermo, así como, en Chile y Alsina, ambas ubicadas en el barrio de Monserrat.

El trámite que debe efectuarse para poder utilizar las bicicletas habilitadas por el GCBA, se inicia en la página web del GCBA y finaliza en las estaciones de alquiler, siendo utilizado cada rodado por 5 usuarios diferentes diariamente, siendo el tiempo del alquiler máximo de las unidades de 1 hora, reduciéndose el plazo original de 2 horas, por el aumento de la demanda y la falta de incorporación de nuevas unidades.

Posiblemente algunos ciudadanos disfruten de este servicio gratuito que brinda la administración actual en el gobierno, sin embargo, en nuestro criterio esos recursos podrían derivarse para atender los graves problemas de vivienda, salud y educación que se encuentran sin resolución por la supuesta falta de fondos.

Mucha cosmética y poco de lo importante.

Nos cayó como un balde de agua fría la noticia periodística que señalaba que los apoderados de Emanuel Ginóbili, estrella de la selección nacional e ídolo de los San Antonio Spurs que participan en la NBA, solicitaron que se le reconozca a este la propiedad de un predio donde vive la comunidad mapuche Paichil Antriao, con presencia en Villa la Angostura desde 1902 (reconocido por documentos del propio Estado argentino).

Cuentan los pasillos judiciales que este requerimiento es el paso previo a pedir el desalojo de la referida comunidad. Para lograr su objetivo el estudio que asesora a estrella de básquet, están utilizando argumentos históricos que desde hace décadas son desechados por el mundo académico.

La titularidad de los predios a favor de los pobladores ancestrales José María Paichil e Ignacio Antriao data del año 1902, fecha en la cual el Gobierno Nacional entregó el lote número 9 de la por entonces Colonia Nahuel Huapi, en la Patagonia.

Sobre esa misma parcela indígena hoy se erige el casco urbano de Villa La Angostura. “La zona denominada ‘el cruce’ en Villa La Angostura es donde se localizaba el lote 9 y donde hoy se encuentra el centro y la Municipalidad. Con el paso de los años los integrantes de la comunidad mapuche fueron “corridos” de sus tierras hasta confinarlos en las zonas marginales del precitado lote.

En consecuencia el despojo se fue produciendo con la connivencia del estado nacional, el estado provincial y el municipio que nada hizo para impedir este desplazamiento forzado del pueblo mapuche.

Emanuel Ginóbili, seguramente de buena fe, adquirió en el año 2004 un lote de aproximadamente 11 hectáreas, reivindicado como territorio mapuche. Cuando la comunidad indígena se opuso a su desalojo forzado, Emanuel Ginóbili inició un juicio (en 2007) contra integrantes de la comunidad, en lugar de accionar contra la empresa que le vendió el predio.

Para lograr su objetivo la estrategia de sus abogados fue tratar de negar la existencia de la comunidad y por ende los derechos que le asisten a los pueblos originarios.

Pero en el año 2011 la Cámara de Apelaciones instó a que reconozca a la comunidad como contraparte en el juicio y ahora, luego de la feria judicial, la causa se reactivó, con el pedido de que se le reconociera la propiedad del predio al basquetbolista. De ganar el juicio, el paso siguiente es pedir el desalojo de la comunidad.

“El demandante pretende que se declare que es el propietario de un terreno que se encuentra en posesión de la comunidad Paichil Antriao. La demanda fue iniciada ante el juzgado de Jorge Videla, el mismo juez que está denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los numerosos desalojos realizados contra la comunidad”, explicó Juan Manuel Salgado el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), además de certificar que los abogados de Ginóbili recorrieron a “todos los lugares comunes de los que quieren desalojar” a las comunidades indígenas.

La estrella de la NBA a través de sus abogados argumenta que la comunidad nunca existió y citando al cuestionado historiador Rodolfo Casamiquela, sostuvo que los mapuches no son argentinos, (según este enfoque son chilenos). La misma argumentación suele ser utilizada por medios de comunicación que relatan periodísticamente los sucesos con una mirada contraria a la realidad y a los intereses de los pueblos originarios.

El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA denunció en el año 2009, ante la aparición de diversos artículos que hacían la apología del despojo, presentándolas como el ejercicio de un derecho propio de un damnificado (en este caso Ginbili) y alertando paralelamente que “la lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región.

Esas notas tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”.

En noviembre de 2009, parte de la comunidad sufrió un desalojo y la destrucción de sus viviendas. Desde entonces denuncia el hostigamiento y violencia por parte del gobierno provincial, la policía y guardias privados. En abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una medida cautelar presentada por el Odhpi y ordenó al Estado argentino a tomar “medidas urgentes” para “garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad” mapuche. Además, en Argentina está vigente desde 2006 la Ley 26.160 que prohíbe los desalojos de pueblos originarios y ordena la realización de un relevamiento territorial (que en Neuquén aún no comenzó).

Tal vez Ginóbili haya actuado de buena fe, pero en ese caso estuvo mal asesorado. Llevar a la comunidad a juicio no ayudará a encontrar una solución, que debiera darse en el marco de un diálogo franco entre las partes y la asunción de las responsabilidades del Estado, tanto nacional como provincial, que sigue desconociendo los derechos indígenas.

La demanda judicial sostiene que la “propiedad privada” de Ginóbili (que nunca poseyó ni vivió en el lugar) tiene prioridad por sobre los “supuestos” derechos indígenas. El demandante tiene planificado lotear para un barrio privado y construir en él también una hostería de lujo.