Nuevamente el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, tiene problemas con la justicia por un tema de espionaje, no olvidemos que actualmente se encuentra procesado por una causa similar.

En esta oportunidad el mandamás del PRO se negó a informar a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad la situación del ex agente de inteligencia Alejandro Rivaud, que integra el plantel de la Policía Metropolitana y está investigado por su presunta participación en la reventa ilegal de entradas por barrabravas del club River Plate.

Ante la no comparecencia de Macri, la defensora adjunta, Graciela Muñiz volvió a presentar una segunda citación pero esta vez ya con un cuestionario más puntual y extenso que podría permitir revelar una información que la administración porteña siempre ha informado en cuenta gotas. Nos estamos refiriendo a la cantidad total de miembros de la fuerza que desarrollaron tareas de inteligencia y espionaje luego del affaire de las escuchas ilegales. Si la reticencia prosigue negando los legajos en cuestión podría ser denunciado ante la justicia por obstruir una investigación en curso.

Este episodio no es el primero en el que se encuentran comprometidos el tandem Macri-Montenegro, quienes en reiteradas oportunidades hicieron caso omiso a los requerimientos judiciales

En este caso habiéndose operado el plazo de 48 hs. dictaminado para presentar los elementos ante la justicia sin respuesta aluna, la Defensora Muñiz, le ha otorgado un nuevo período de 10 días hábiles para darle todo el margen de tiempo necesario, para que de tal modo no se vuelva a producir algún tipo de evasiva judicial que se pueda justificar mediante los escapes que la ley de procedimientos prevé.

El contenido de este nuevo requerimiento judicial realizado entre otros puntos exige:

a) Si se realizó un detallado análisis de los antecedentes del personal incorporado proveniente de otras fuerzas.

b) Cuál es el trabajo de análisis de los antecedentes de los postulantes que no egresan del Instituto de Formación Metropolitano.

c) Que se indique cuantos egresados del Instituto Superior de Seguridad pública se desempeñan en la Policía Metropolitana y cuantos provienen de otras fuerzas.

d) Si los agentes que han ingresado a la fuerza desempeñando tareas de inteligencia renunciaron voluntariamente a su trabajo anterior para incorporarse a la metropolitana o si fueron cesanteados o apartados de sus funciones por el incumplimiento de sus deberes.

Este sería el paso previo al cruzamiento de datos informático realizado además para poder determinar fehacientemente si los actuales miembros de la policía local continúan cobrando retiros en la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal u otras fuerzas provinciales, situación que se encuentra expresamente prohibida por tratarse de funcionarios públicos en ejercicio.

Se conocen varios casos de oficiales de la Policía Federal que tramitaron la suspensión temporal del beneficio cuando fueron dados de alta en la Metropolitana para no engañar al sistema y tener un doble ingreso pese a continuar en actividad.

Finalmente la Defensora Muñíz, le advertió al Jefe de Gobierno que según lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº3 de la CABA, sus funcionarios se hallan obligados a remitir toda la información solicitada por el organismo en cuestión y que la misma ley impone en su artículo 32 que "todos los organismos, los entes y sus agentes contemplados en el artículo 2, y los particulares, están obligados a prestar colaboración, con carácter preferente, a la Defensoría del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones. En ningún caso puede impedirse u obstaculizarse la presentación de una queja o el desarrollo de una investigación". El siguiente apartado deja en claro que el "incumplimiento" por parte de un funcionario público "es causal de mal desempeño y falta grave, quedando habilitado el defensor o defensora del pueblo para propiciar la sanción administrativa pertinente, sin perjuicio de las acciones penales que puedan corresponder".

Aunque no hubo un pronunciamiento formal aún, desde la Metropolitana temen que el escándalo pueda llegar a salpicar al superintendente de Investigaciones Carlos Alberto Kevorkian, a quien reporta Rivaud, e agente que según fuentes de la misma fuerza gozaba de una autonomía tal

Como siempre decimos, esta solo es una nueva mancha para el tigre…
14-01-2014.

Luego de 6 años el gobierno de Mauricio Macri, asunción que aconteció en diciembre de 2007, en materia habitacional continúan las penurias para los habitantes porteños, en especial, para los que viven en la zona sur de nuestra ciudad.

Si bien este ítem es una materia pendiente desde hace 5 décadas aproximadamente, lo que resulta difícil explicar como teniendo recursos y pudiendo presentar su política habitacional como un logro, el GCBA hace todo lo posible – por incapacidad o por propia convicción – para incrementar año a año su deuda social.

Este tipo de crítica podría ser propia de cualquier agrupación política con una mediana sensibilidad social, sin embargo, cualquier ciudadano puede advertir este déficit, sea por la falta de viviendas con precios accesibles o bien por los altos alquileres de plaza, siempre influenciados por la cotización del dólar marginal o blue como se lo llama desde hace un par de años.

Siempre manifestamos que Mauricio Macri es uno de los políticos que menos puede disimular su verdadero sentir social e ideario político, una de las virtudes del Jefe de Gobierno, quien hace pocos días ante el corte de la Autopista Illia realizado por habitantes de la Villa 31 de Retiro, manifestó: la imposibilidad financiera del GCBA para dar solución a los reclamos.

Pero he aquí la gran cuestión: a) ¿Hay voluntad política para mejorar la situación de miles de familias? 2) ¿Que pasa con los recursos que históricamente son subejecutados y luego derivados hacia otras áreas de gestión?.

Pero ante nuestra pregunta 2) puede alegarse falta de recursos si nuestra ciudad es la que posee el tercer presupuesto más alto del país, con una sustancial diferencia respecto a las provincias: nosotros somos un pequeño territorio, lo que reduce grandemente los costos de todo tipo a cualquier administración del signo político que fuere.

Entonces como se puede revertir esta crisis habitacional crónica si somos 3.000.000 de habitantes y casi 1.000.000 de personas tienen problemas de vivienda por malos techos, hacinamiento, que no pueden pagar alquileres carísimos o falta de ingresos en blanco para poder gestionar créditos hipotecarios.

Ahora dejando un poco de lado la politiquería y yendo a una fuente responsable y seria como lo es la propia Defensoría del Pueblo de la Ciudad, organismo que a mediados de 12/2013 emitió la resolución 3085/13, luego de haber investigado a fondo "la política crediticia del gobierno de la Ciudad".

Dicho informe que consta de unas 30 páginas, está referido a las 2 líneas de crédito vigentes, a saber: la establecida por la Ley Nº 341 para cooperativas de vivienda que data del año 2002 y el programa presentado con bombos y platillos por el macrismo bautizado como “Primera Casa”. Ambos programas son administrados por el alicaído Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el principal ente del Estado porteño dedicado al desarrollo de políticas habitacionales.

Según lo investigado por la Defensoría, en principio confirma nuestra apreciación respecto a la subejecución presupuestaria ya que el IVC nunca utilizó todo el presupuesto que se le otorgara a través de la ley de todas las leyes.

Las cifras en porcentuales de lo ejecutado por el IVC se encuentra incluido en el estudio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad son contundentes:

En el año 2009 el IVC ejecutó el 49%.
En el año 2010 el IVC ejecutó el 93% (mucho gasto y poca eficiencia)
En el año 2011 el IVC ejecutó el 67%.
En el año 2012 el IVC ejecutó el 39%
En el año 2013 el IVC ejecutó el 41% (11 meses).

En consecuencia, dice el informe que los saldos no utilizados por el IVC entre el 2009 y el 2013 ascienden a un total de $ 267.576.007, es decir, que con dicho dinero se pudieron haber dado aproximadamente 630 soluciones habitacionales, que en verdad es muy poco, pero de haberse volcado esos fondos al problema habitacional, se hubiera duplicado la cantidad de de créditos otorgados desde el año 2007 a la fecha, es decir, que en sus 6 años de gobierno, la gestión PRO sólo otorgó efectivamente 600 créditos para la construcción de viviendas.

Otro dato alarmante que se verifica es que en el año 2004, durante la administración del luego cesanteado Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, a través del IVC se otorgó la misma cantidad de créditos que los 6 años del gobierno PRO, siendo el promedio de préstamos por año de 100 operaciones, un verdadero despropósito si lo comparamos por ejemplo con el total de operaciones anuales que se canalizan anualmente vía el AnSes/Banco Hipotecario Nacional.

Sin embargo, las estimaciones originales de créditos a otorgarse durante los últimos 7 meses del año 2012 a través del programa “Primera Casa” alcanzaba la cifra de 3500 a 4000 operaciones cerradas.

Todavía recordamos que se hablaban de 200.000 solicitudes presentadas de las cuales el IVC sólo derivó 5276 carpetas al Banco Ciudad, entidad que finalmente por las razones que fuere solamente aprobó 3114 créditos, de los cuales hasta agosto/2012, solo se efectivizaron 508 créditos hipotecarios", lo que representa entre el 12,7 y el 14,5% de los casi 4000 créditos previstos.

El informe también incluye lo presupuestado en pesos que eran 1015.000.000.- versus lo efectivamente prestado que no llegó al 15% de lo presupuestado. En consecuencia, si tomamos como universo del problema habitacional las 200.000 solicitudes presentadas, podemos observar con alarma que sólo el 0,25% pudo acceder a una vivienda definitiva, mientras que otro 0,38% se encuentra todavía tramitando su operación.

Otro ítem que observa la Defensoría del Pueblo de la Ciudad es que los montos de los créditos hipotecarios vigentes están muy por debajo de los valores del mercado inmobiliario.

Otro elemento que incluye el informe y que para nosotros es central, es que habiendo tanta urgencia habitacional, existe en la CABA un 24% de viviendas sin residentes sin especificarse el motivo, según se consigna en el estudio, a octubre de 2010 fueron relevadas 1.423.973 viviendas, de las cuales en 1.082.998 (76%) se encontraron moradores presentes, y en el 24% restante no se registraron residentes, siendo la cantidad de personas censadas en dicho año en la ciudad 2.890.151 personas y 1.150.134 hogares, es decir, 125.903 nuevos, Cira que triplica el crecimiento relativo de la población y supera en cinco puntos porcentuales el aumento de las viviendas ocupadas con moradores presentes.

Por otro lado, hay que decir que existe una gran cantidad de viviendas que formaron parte de recursos que los dueños los canalizaron adquiriendo estas propiedades, que otro importante número de viviendas se hallan afectadas al alquiler de estudiantes provenientes del interior y en los últimos años es importante también la cantidad de departamentos alquilados temporalmente por turistas extranjeros y además que ha habido un ingreso importante de extranjeros que se han alojado en villas de emergencia.

Corolario:

El GCBA posee los recursos financieros como para ir paliando más ampliamente el problema habitacional que tienen miles de ciudadanos y que no existe la voluntad política para hacerlo. Lo triste es que más del 65% de las demandas habitacionales corresponden a familias de bajos ingresos y que por lo general tienen ingresos en negro, situación que los inhabilita para gestionar cualquier tipo de crédito hipotecario, sea de origen estatal o privado.

Esperemos que al menos antes de las elecciones del 2015 por una necesidad proselitista se ejecuten las partidas del IVC como anualmente lo vota la legislatura porteña.

Luis Alberto Mello.

12-01-2014

Un fondo especial recaudado para que las empresas eléctricas EDENOR y EDESUR puedan financiar obras de infraestructuras, les fue retirado por el gobierno nacional, habilitando al propio tiempo una serie de mesas de trabajo con proveedores de insumos intentar solucionar los graves problemas de distribución energética que existen en la actualidad.

Por su parte desde el Ministerio de Economía se aseguró que las tarifas energéticas son instrumentos de competitividad que han servido como vector para potenciar la industria y como elemento de redistribución del ingreso, lo que no quiere decir que no sean dinámicas y no estén sujetas a revisiones, dejando así las puertas abiertas para eventuales y razonables ajustes de tarifas.

El fondo en cuestión se denominaba “Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede)” y estaba compuesto gracias a un pequeño plus que las compañías prestadoras cobraban a los clientes en las facturaciones.

El saldo total de este fondo inactivo en las cuentas especiales abiertas al efecto, sumaban al 20 de diciembre/2013 $ 215.375.573,99.- discriminados de la manera siguiente:

EDENOR: $ 161.027.770,17.-

EDESUR: $ 54.347.803,82.-

Valores que expresados en dólares estadounidenses del mercado “blue” serían aproximadamente USD. 21.500.000.- aproximadamente, cifra que no es tan importante pero que tampoco es poca cosa.

Como siempre, la gran pregunta sin respuesta es saber porqué el gobierno nacional no arbitró los mecanismos necesarios como para obligar a las concesionarias ha que formalicen un plan aunque sea de emergencia, para poder paliar en alguna medida la situación que ya se veía venir.

En algunos ítems, pareciera que el kirchnerismo actúa recién después que se ha producido una catástrofe, un accidente o iniciado una seguidilla de cortes que afectan a buena parte de la población.

Según la resolución 3/2014 publicada en el Boletín Oficial se transfirió la potestad de definir las obras que se construirán a la órbita de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del ministerio de Obras Públicas Planificación e Infrastructura con sus correspondientes fondos.

Cabe señalar que a título de descargo el ejecutivo nacional recordó que en varias oportunidades el Ente de control de las prestatarias (ENRE), intimó a las prestatarias del servicio para que cumplan con sus obligaciones contractuales, habiendo incluso determinado en varias oportunidades sanciones y multas que en la mayoría de los casos han sido apeladas en forma administrativa y judicial.

Como siempre la rápida solución de los opositores es aumentar las tarifas, según ya lo ha expresado por ejemplo el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, quien ha justificado las pésimas prestaciones debido a la presunta poca rentabilidad que le genera al empresariado el negocio eléctrico, sin mencionar como de costumbre, que hacia EDENOR Y EDESUR, se han transferido desde el gobierno nacional en la última década, miles de millones de pesos que en lugar de ser invertidos en la explotación, fueron a engrosar el patrimonio de los accionistas.

Con los recursos del fondo y otros adicionales la Subsecretaría a cargo de Roberto Baratta, ha iniciado encuentros con los contratistas de ambas empresas, fabricantes de cables de media y alta tensión, de grupos electrógenos, accesorios y celdas de baja tensión y los intendentes de las zonas afectadas por los cortes de luz.

Durante el encuentro, los funcionarios explicaron el plan de obras y dispusieron la formación de mesas para discutir el abastecimiento de los productos para avanzar en las obras teniendo en cuenta la oferta que pueden garantizar las industrias. En principio, desde el Ministerio de Planificación se anunciaron 5 obras de urgencia para recuperar la distribución de electricidad en varios barrios de la CABA, trabajos que requerirán una inversión inicial de $ 5.000.000.- habiéndose iniciado ya varias acciones que se encuentran en marcha.

Con el mismo ánimo que el gobierno nacional, el gobernador Daniel Scioli se reunió con el secretario de Servicios Públicos, Franco La Porta, y el presidente de la empresa EDELAP, Alejandro Macfarlane, para analizar la situación energética en la región y evaluar las inversiones que se deben realizar para mejorar el servicio, se informó oficialmente.

En las últimas semanas, se registraron reiterados cortes de luz en distintos puntos de La Plata tanto en el casco urbano como en la periferia. Las inversiones comprometidas totalizan $ 215.000.000.- millones es la cantidad que se volcará al programa de obras energéticas. El fondo se constituyó con un plus cobrado a los clientes.

Lo único que reclamamos y deseamos desde este espacio periodístico es que el problema energético sea considerado como un tema de interés y alcance nacional, que no esté salpicado por la injerencia de las banderías políticas y que se conforme una mesa de trabajo que planifique a mediano y largo plazo, con una amplia participación de todos los sectores involucrados, incluso las asociaciones que representan a los consumidores.

Si nos limitáramos a ser usuarios de los irregulares servicios eléctricos, nuestro único deseo sería: “QUE SE HAGA LA LUZ”.

10-01-2014.

Cuadro I:

Ya en años anteriores hemos descripto, documentado, analizado y evaluado la seguidilla de importantes aumentos en el AABL que pagamos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, que impacta grandemente en los bolsillos de los sectores más humildes.

Como se ha dicho hasta el cansancio, esta pequeña ciudad dispone del 3er. presupuesto más alto de la República y su escasa superficie territorial, debería contribuir grandemente para que sea más eficiente la gestión del Jefe de Gobierno, cualquiera sea su signo partidario.

Pero lamentablemente estas ventajas que brindan la geografía y la economía no se corresponden con la sana administración pública que se debería desarrollar, con el agravante que año tras año, se viene aumentando en forma injustificada la tasa municipal del ABL, práctica que pareciera no tiene techo ni cuyos incrementos responden a un algoritmo medianamente razonable y de fácil comprensión ciudadana.

Ubicados en ese rol, vamos a intentar desarrollar unas ideas fuerza que intentarán demostrar que los conceptos vertidos en la introducción de la presente entrega son verdaderos. A tal efecto, hemos confeccionado en primer lugar el Cuadro I, que contiene la evolución de los aumentos de una partida registrados en el período 2005-2014, en el que se especifica también quien se desempeñaba como Jefe de Gobierno, la valuación fiscal de cada período, así como el valor del ABL, su porcentaje de aumento anual y el porcentaje anual acumulado de aumentos registrado hasta la emisión de las facturas correspondientes al período 2014.

El primer comentario que se nos ocurre es que durante los años en que el país salía de una crisis económica, social y política muy grave, pareciera razonable que se congelara el valor del ABL, pero que esta medida no se debió extender más allá del año 2006, época a partir de la cual, ya se verificó una sana recuperación de nuestra economía y se redujo grandemente la masa de desempleados. Considerando que en aquellos años la tasa inflacionaria no era importante, como ocurrió en la práctica, esta suspensión de actualizaciones no generó desfases en la tesorería del gobierno porteño.

A partir de dicho año no hubiera estado incorrecta ir realizando ajustes en función de la realidad económica de los habitantes de la ciudad y la inflación existente. Seguramente nadie en su sano juicio podría oponerse a este tipo de políticas. No ha sido así, el congelamiento se extendió hasta el año 2008, período en el cual se registró un aumento del 35,25%, partiendo verdaderamente de un piso muy pero muy bajo. Con esto queremos decir que bien se pudo aplicar un aumento mayor sin afectar la vida cotidiana de la gente.

Este segundo congelamiento se extiende en el tiempo hasta el período 2011. Valen las mismas consideraciones vertidas respecto a los años anteriores, aunque hay que recordar que a nivel mundial se produce a partir del año 2008 una crisis financiera estructural que golpea a todas las economías del mundo y en la que nuestro país gracias a políticas activas y solidarias del gobierno nacional, puede medianamente afrontarla, por lo cual, desde el punto de vista social, resultaría hasta razonable los congelamientos de este último período comentado.

Pero a partir del año 2012, se conjugan dos elementos que de algún modo sirven de justificación al GCBA para aumentar el ABL, más del 1.100% respecto al año 2011, a saber: la inflación que rondaba en ese entonces en un 20% anual y el retraso en la actualización del ABL. Sin embargo, no hay estadística oficial o privada que justifiquen incrementos de la magnitud señalada, tal cual, podemos verificar en el cuadro precedente.

Pero esta política de exacción para con el contribuyente continúo en el año 2013, período en el cual se registra un aumento del 50% y prosigue en este 2014, con un nuevo incremento del orden del 20%. Así las cosas en el último trienio el GCBA aumentó al dueño de la propiedad que estamos tomando como ejemplo, nada más ni nada menos que un 1.180.90%, una aberración política y moral que no resiste análisis alguno.

Cuadro II: