A 19 meses del emblemático fallo de la CSJN del 8/7/ 2008 en la causa Riachuelo, lo hecho por la autoridad de cuenca M-R (ACUMAR) es insuficiente e insatisfactorio.
Los planes sobre el Riachuelo fueron siempre simples promesas, nos compete como sociedad exigir que se concreten de manera rápida y eficiente. Estamos hartos de repetir diagnósticos descriptivos y planes incumplidos.

Hubo y hay mucha plata, pero no resultados, hay muchos plazos en temas puntuales exigidos por la Corte, incumplidos e impunes.

Hay mucha puja por quien maneja y asigna los recursos, como por el predominio de territorios, pero muy poca voluntad por mejorar la situación de la gente.
Aun no sabemos a la fecha cuantas industrias hay en la cuenca, ni está conformado el necesario e idóneo plantel de inspectores, lo que impide el control. No diseñaron tampoco un sistema de indicadores que permita medir y controlar posibles avances de algún plan.

No nos satisfacen los recientes reglamentos que definen al agente contaminante, ni el de usos del agua del rio para el mediano y largo plazo, pues no restringen de manera suficiente y clara, sustancias peligrosas como el cromo, plomo, cadmio, mercurio, arsénico, etc. buscando a futuro solo una simple unidad paisajística, cuidando únicamente que se vea y huela bien, por lo que se perpetuaría la contaminación, se continuaría impidiendo al habitante todo contacto físico con el agua, incluso a largo plazo. Al respecto estamos intentando lograr metas progresivas en la reducción de contaminantes, 50% para el 2015, y 0% en el 2020, todo con un marco jurídico coherente, consistente, que constituya política de estado, pues no vivimos esta coyuntura y estos mega presupuestos, para conformarnos solo con trabajos cosméticos, exigimos soluciones de fondo y estructurales.

No existe eficiente coordinación de jurisdicciones en ACUMAR, sus funcionarios tampoco duran en sus cargos. Es insatisfactorio el sistema de información pública, está incumplida la reconversión industrial, como la del polo petroquímico Dock Sud.

Es insuficiente el saneamiento de basurales (están relevados pero no erradicados) como la gestión sobre los residuos sólidos urbanos (RSU), como todo lo atinente a desagües pluviales y saneamiento cloacal. La provisión de agua y cloacas, sumada a la construcción del colector cloacal margen izquierdo, depende, en parte, del crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares.

No se avanzó en el ordenamiento ambiental del territorio, en el cuidado de la salud, ni se le otorga a la participación ciudadana el espacio que la ley le confiere.

El arsénico en el aire que irrita los ojos e impregna un olor nauseabundo que penetra el aula, no son las mejores condiciones para que los chicos aprendan. Que jueguen al fútbol en la plaza del barrio inhalando el aire contaminado por la polución de las chimeneas industriales o se hidraten posteriormente con agua contaminada rica en metales pesados, es envenenar lentamente el futuro.

A pesar de la cuenca M-R tener el 96,4 % de la población en riesgo sanitario, (50% de la gente sin cloacas, 30% sin agua potable) nuestros políticos y funcionarios pujan nada más que por ampliar su poder personal, mientras que nosotros por poder vivir sanos. Ellos viven más ocupados en sus internas políticas que por eliminar las externalidades negativas de las deficientes industrias. El mayor y peor contaminante en la cuenca M-R es la corrupción, debemos quebrar el circulo vicioso entre malos funcionarios, pseudos industriales, y punteros políticos.

odo lo aquí señalado, es lo que pide el fallo de la Corte, somos muy críticos de los gobiernos y autoridades con competencia en la cuenca, pero tenemos gran esperanza en la justicia, en las instituciones que nos apoyan, en los buenos políticos, en el Cuerpo Colegiado designado por la Corte y fundamentalmente en la fuerza de la sociedad toda defendiendo su vida, exigiendo el cumplimiento de la ley, y la tan mentada voluntad política al servicio de la gente, por lo cual trabajamos mucho en el fortalecimiento de la concientización y participación ciudadana para lograr con presteza el objetivo que marca la histórica sentencia de la Corte.

La salud, el bienestar, la vida de cinco millones de personas está en juego. Un crédito híper millonario como nunca antes nos había otorgado el Banco Mundial, será pié para una exitosa inversión, de lograr los objetivos aquí descriptos, caso contrario configurará un fantasmagórico gasto, solo útil para algunos pocos y para incrementar nuestra deuda externa, con efectos colaterales inversamente proporcionales a los en éstos renglones buscados.

La SOLUCION para toda esta problemática existe, la conocemos todos, pero aún no aparecieron los probos ejecutivos que en distintos niveles deben operar articuladamente para su logro.

Ctdor. Alfredo Alberti.
Presidente de Asociación de Vecinos de La Boca.
Miembro del Espacio Matanza Riachuelo.
Miembro del Cuerpo Colegiado en la causa Riachuelo, conformado por la CSJN.
www.avelaboca.org.ar
4361-9687 // 15 6294 6663.

Según consigna el diario BAE, la decisión judicial también determinó que el Gobierno porteño deberá mantener la relación laboral con esos empleados y abonar los salarios respectivos hasta que una comisión revisora se expida sobre la situación del millar de trabajadores. Los empleados están imputados por las autoridades por presuntas inasistencias.

En este marco, donde están incluidos trabajadores de planta permanente y contratados, el gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado, de la Capital Federal) denunció en enero “el avasallamiento de los derechos de los empleados” y también “arbitrariedades para intentar justificar las cesantías”, según lo reflejaron diferentes medios de prensa.

El secretario adjunto de ATE Capital, Rodolfo Arrechea, junto al abogado Lucas Arakaki acudieron al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 10, a cargo del juez Hugo Zuleta, para requerir su intervención en el caso de los despidos y el viernes pasado ese tribunal hizo lugar a la solicitud de los representantes de los trabajadores, considerando procedente lo requerido por ATE.

Mientras tanto, para el Gobierno de Buenos Aires existen inasistencias injustificadas, caso contemplado en la ley 471, artículo 48, inciso b), el cual refiere a las ausencias “que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos anteriores”.

En diálogo con BAE, Arakaki señaló que la decisión judicial “no sólo coloca un freno a los despidos sino que marca un punto de inflexión, para analizar en qué condiciones se intentan justificar estas cesantías, porque desde el 2007, incluso dando a publicidad las listas de los trabajadores, el Gobierno porteño se vale de los medios de prensa para ‘notifica’ sobre decisiones similares al personal, en una actitud inadmisible y fuera de todo contexto legal”.

A criterio del letrado, más allá de la medida cautelar que aplicó la Justicia, para que la administración porteña se abstenga de disponer despidos en virtud de presunto ausentismo, vale hacer notar que los 1.000 casos que marcan el eje de la cuestión están pendientes del análisis de una comisión revisora.

“Allí no existe representación o defensa alguna para los empleados”, dijo Arakaki, y agregó que “esa comisión toma intervención una vez efectuados los despidos, si el empleado lo requiere. Nunca antes”.

Según el abogado “esto vulnera principios elementales del derecho, ya que la comisión revisora interviene sobre la cosa juzgada y no con atribuciones de evaluación para los casos antes de que se disponga una sanción al personal”.

Arakaki consideró también, que el juez Zuleta incluso contempla el espíritu consagrado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en su resolución hace referencia a la legítima actitud para que se promueva defensa “para la protección de los derechos”.

El doctor Arakaki resaltó en BAE que la medida cautelar que fue adoptada por la Justicia sienta una base de consideración a los derechos de los trabajadores ante lo que definió como “un avasallamiento público de los derechos laborales”; no obstante señaló que todavía resta un margen de alternativas judiciales para llegar a lo que el gremio considera como “una apreciación justa y de respeto por los trabajadores”.

Pero en la misma tónica, reafirmó que “es insostenible que este tipo de medidas se informen por los medio de prensa, ya sean diarios, las radios o la TV , incluyendo los listados del personal afectado”.

Tal situación inclusive abre la posibilidad de que –en forma individual– cada trabajador accione ante la Justicia por daño moral a la luz pública.

“El Gobierno de la Ciudad no notifica formalmente a sus empleados y se limita a la difusión periodística. Ya lo hicieron en el 2007 en los primeros pasos de su gestión y eso también hace a una cuestión de derecho más que elemental”, reiteró el abogado.

Fuente Noticias Urbanas.