17 de Octubre

Era el pueblo de Mayo quien sufría,
no ya el rigor de un odio forastero,
sino la vergonzosa tiranía
del olvido, la incuria y el dinero.

El mismo pueblo que ganara un día
su libertad al filo del acero
tanteaba el porvenir, y en su agonía
le hablaban sólo el Río y el Pampero.

De pronto alzó la frente y se hizo rayo
(¡era en Octubre y parecía Mayo!),
y conquistó sus nuevas primaveras.
El mismo pueblo fue y otra victoria.
Y, como ayer, enamoró a la Gloria.

Los que habilitan, los que inspeccionan –o deberían hacerlo– y los que levantan las clausuras conviven en la recientemente estrenada sede del edificio de Perón y Ecuador, justo enfrente de la terminal del ex Ferrocarril Sarmiento. Dentro de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) el Jefe de Gobierno confluyó a estas áreas, que, a pocos días de inaugurar sus nuevas oficinas, sufrió un importante incendio que llenó de humo picante a Once. Aunque ese fuego no pudo extinguir las sospechas de corrupción que pesan sobre su funcionamiento.

La abogada Vanesa Berkowski comanda la Dirección General de Fiscalización y Control DGFyC). Ella controla el cuerpo de inspectores. “Nos llegó una inspección a los pocos días de tu nota sobre los kioscos que venden alcohol”, reveló una comerciante de Once, refiriéndose a un artículo publicado en Noticias Urbanas el pasado 24 de septiembre. “Pero al local de Rivadavia 3001, que es el denunciado en la nota, no fueron”, agregó la mujer que, por temor a represalias, se niega a dar su nombre. Esto no es nuevo. “Berkowski nos mandó una inspección al otro día de que con tres diputados nacionales, entre ellos una macrista, y la Defensoría del Pueblo, le presentamos los datos de 27 prostíbulos donde además se comercializan drogas bajo la habilitación de bares o whiskerías”, afirmó Gustavo Vera, referente de la organización La Alameda.

Por su parte, la diputada nacional Fernanda Gil Lozano, que formó parte de la comitiva antiprostíbulos –prohibidos tácitamente por una ley nacional– que se reunió con Berkowski, recordó el actuar de la funcionaria: “Nosotros teníamos intención de juntar voluntades políticas para investigar, pero al otro día ella mandó inspectores a La Alameda, la organización que más compromiso ha tenido en erradicar la esclavitud en los talleres textiles y la explotación sexual. Acá no hay inocencia. Esto es una caja negra y aparecen pseudobares donde se vende droga, hay víctimas de trata y explotación sexual. En esa reunión, Berkowski decía que no se podía hacer nada. Es increíble que de los 100 prostíbulos no encontrara ni una cucaracha. Fuimos a preguntarle acerca de las habilitaciones solamente y nos respondió que inspeccionaba los matafuegos”.

Los familiares de las víctimas de República de Cromañón también se refirieron a Berkowski. El abogado José Iglesias denuncia: “Es un personaje singular. Ella, en la noche del 31 de diciembre de 2004 y el 1 y 2 de enero de 2005, participó con sus amigos y colegas, hoy condenados, en un proceso que culminó en ocultamiento de documentación. Su evidencia más destacable es la caja azul que desapareció con expedientes y que cuando fue conveniente apareció.

Es paradójico que ella tenga el control. Pero para subrayar lo alegórico de esto, el órgano de control se mudó frente a Cromañón”, contó a Noticias Urbanas Iglesias, padre de un chico fallecido y querellante en el juicio oral que condenó a dos funcionarios porteños y absolvió a uno de ellos, justamente el encargado directo de los inspectores que nunca inspeccionaron el boliche ni su habilitación en 2004.

Las “saladitas” sin habilitación Dos nuevas y grandes ferias de indumentaria rodean a la plaza Miserere y funcionan en la ilegalidad. Una de ellas se denomina Textirama y pertenece a Rafael Levy, el dueño real de Cromañón. Desde el Gobierno reconocieron que Textirama no cuenta con habilitación. Pero “si abre, lo clausuramos”, dijo Eduardo Hulton, prensa de la AGC. Previamente, Textirama había sido clausurado por no tener permiso de obra, pero luego la administración PRO se la extendió. Esta “saladita” está ubicada en la misma manzana del lugar que ocupaba el boliche Cromañón y tiene dos entradas. Una, es por la avenida Rivadavia, a metros del hotel Leblón –que figura como hotel de pasajeros cuando en realidad funciona como albergue transitorio– y la supuesta whiskería (y verdadero prostíbulo) Quatro Cat’s. El otro ingresos por Ecuador, pegado a un cine porno. Estos comercios son propiedad de los empresarios Rafael “Lito” Levy y Raúl Vengrover.

Precisamente, Levy estará sentado en el banquillo de los acusados en un juicio oral y público por la muerte de 194 personas en el boliche Cromañón. Él controló ese comercio mediante las empresas off shore, o sea sociedades radicadas en paraísos fiscales que le permitieron ocultar su identidad.

Las mismas que siguen obteniendo permisos ante las oficinas del Ejecutivo porteño. La otra “saladita” es Once Elefantes. En la Rioja e Hipólito Yrigoyen abre todos los días, sin importar que no tenga habilitación definitiva. Reiteradas denuncias han hecho en ese sentido los vecinos de la Asociación Vecinal Balvanera al Sudoeste (Balsud), y también “por sus planos que no coinciden con lo construidos y por presunto robo de energía eléctrica”, confió a este cronista la agrupación que sigue el caso, denunciándolo ante la Defensoría del Pueblo porteña y la fiscalía Sudoeste, a cargo de Sandra Guagnino.

Balsud logró una clausura a comienzos de este año, que luego fue levantada. La fiscal Verónica Andrade, “por violación reiterada de clausuras”, imputó a Norberto Lambert, que figura como gerenciador de Once Elefantes, pero luego lo benefició con una probation.

Fuente: Noticias Urbanas.