Cumpliendo los compromisos oportunamente contraídos por la nación el día 3 de enero del corriente año, el poder ejecutivo transfirió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una partida de $ 210.000.000.- en función del traspaso del servicio de subterráneos suscripto entre las partes.

Del total de lo transferido 102.000.000.- ya han sido usados para afrontar gastos operativos, quedando liberados otros 108.000.000.- para ser utilizados en el rubro inversiones que se encuentran disponibles en una cuenta del Banco Nación.

Esta información la brindó el Ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo y fue realizada a fin de compensar la quita de 20 formaciones en los subtes que según la empresa Metrovías (concesionaria del servicio), se debió a la falta de recursos para efectuar el mantenimiento regular y que ha determinado una baja en la calidad de la prestación para los usuarios.

Paralelamente los representantes gremiales de los trabajadores conocidos como los metro-delegados estaban manejando la alternativa de realizar medidas de fuerza como consecuencia de la baja de las 20 formaciones precitadas.

Esperemos que esta puja política entre la Nación y el GCBA concluya y el ejecutivo porteño finalmente se haga cargo en forma integral como corresponde, ya que entre otras cosas a las 72 hs. de haber firmado el convenio de transferencia unilateralmente sin la correspondiente audiencia pública previo aumentó el valor del viaje de $ 1,10.- a 2,50.- lo que representó un aumento para los usuarios del 124% que ya forman parte de las arcas del concesionario.

Mediante una resolución publicada en el Boletín oficial la Administración Fiscal de Ingresos Fiscales (AFIP), ha determinado que las empresas que prestan los servicios de luz, gas, agua y telefonía, tendrán la obligatoriedad de comunicar los consumos que superen el valor de $ 1.000.- mensuales, modificándose así la actual normativa que establecía una periodicidad de 6 meses e incluía los registros que superaban los $ 3.000.- mensuales.

En consecuencia, las empresas prestadoras de luz, agua y gas a partir de ahora deberán detallar el monto total de los consumos; la cantidad de kilovatios de electricidad y de unidades consumidas de gas y agua y el tipo de prestación (residencial, comercial).

Con referencia a los consumos telefónicos la resolución incluye también la telefonía celular cuya planilla de información tendrá un esquema similar al descripto en el párrafo anterior pero adecuado a la modalidad del servicio que prestan las compañía telefónicas.,

Asimismo, todas las empresas deberán informar al fisco la modalidad de pago del usuario, así como su clave bancaria uniforme (en caso de débitos automáticos con tarjetas de crédito o débito) y hasta la categorización frente al IVA.

Por último antes del 31 de agosto, las compañías alcanzadas por el régimen informativo de consumos relevantes deberán presentar la información correspondiente al primer semestre de este año. Según los considerandos de la resolución de la AFIP, esta medida permitirá optimizar la función fiscalizadora y el control de las obligaciones tributarias.

En nuestro criterio está muy bien que el organismo de control tributario realice todas los chequeos necesarios que permitan reducir la evasión fiscal que tiene una larga historia en nuestro país, sin embargo, el mismo énfasis y celo profesional debería tener para regularizar por ejemplo la situación del 40% de la población económicamente activa que trabaja en “negro” y que permitiría engrosar las cuentas fiscales sin aumentar la presión tributaria indirectamente sobre los sectores de menos recursos, como lo prueba la discriminada aplicación del IVA, impuesto que pagan por igual ricos y pobres al momento por ejemplo de comprar un bien de la canasta familiar.

Malas noticias para los ciudadanos que deben utilizar el servicio de taxis de la ciudad, pues a partir del próximo 15 de julio comenzará a regir el primero de los 2 ajustes autorizados por el GCBA para este año, que representa un ajuste del 12% respecto a la escala anterior. A partir de la vigencia del nuevo tarifario la bajada de bandera alcanzará un valor de $ 8,20.- y la ficha pasará de $ 0,73.- a $ 0,82.- en el horario diurno (6,00 a 22,00 hs.)

Con referencia a las tarifas correspondientes al servicio nocturno que se presta en el horario de 22,00 a 6,00 hs. el valor de la bajada de bandera será de $ 9,80.- y la caída de ficha costará $ 0,98.-

El aumento de la bajada de bandera surge de la constante que se ha determinado para obtener su valor, ya que siempre debe ser equivalente al valor que representan 10 caídas de bandera, es decir, hay que multiplicar $ 0,82,. X 10 = $ 8,20.- siempre y cuando el servicio

Además, respecto al recargo obligatorio por pedir el servicio de radio taxi pasará de $ 4,38.- a $ 5,46.- cualquiera sea el horario en que se solicita la unidad.

A partir del mes de octubre entrará en vigencia el segundo tramo de los ajustes tarifarios correspondientes al servicio de taxímetros de la ciudad, que se incrementará en un nuevo 12% en desmedro de los bolsillos de los usuarios, es decir, que la ficha costará $ 0,91.- durante el servicio diurno y la bajada de bandera $ 9,10.-. Mientras que los valores correspondientes al servicio nocturno serán para la bajada de bandera $ 11,00.- y la caída de ficha $ 1,10.-

El último ajuste anterior en la tarifa de los taxis fue aplicado en noviembre/2011, cuando por el Decreto Nro. 595 la administración macrista estableció el valor de la ficha en $ 0, 73.-.

En los próximos días se pondrá en vigencia la ley sancionada por la Legislatura porteña que establece los nuevos montos de las multas de tránsito a ser aplicadas en el ámbito de la CABA.

Desde los bunker de los legisladores se esgrime que esta medida se debe a que la tabla respectiva no ha sido modificada desde al año 2009 y que sus valores han sido erosionados por la inflación y perdido el carácter punitivo que sus montos generan en los automovilistas y motociclistas.

Otro de los argumentos que exponen los diputados de la ciudad es que con esta nueva grilla de multas aprobada se intenta ir disminuyendo el desfasaje que existe entre el valor de las multas en la Ciudad y las de tras jurisdicciones, particularmente respecto a las la Provincia de Buenos Aires, que se encuentra separada por el riachuelo y la Av. General Paz, siendo hasta el presente muy notoria la diferencia de las multas entre ambas jurisdicciones, alentándose así el aumento de las infracciones por el mínimo carácter punitivo que representa para los conductores.

La ley fue aprobada casi sin oposición. Sólo la diputada Rocío Sánchez Andía, de la Coalición Cívica, presentó una disidencia parcial cuestionando la existencia de distintos valores para las unidades fijas según la ley a la que hacen referencia.

En todo el mundo existe una vieja discusión acerca de la efectividad de las sanciones pecuniarias, ya que existe otra escuela especializada en seguridad vial que pregona la utilización del scoring negativo que en función del puntaje acumulado por el infractor, lleva al retiro del carnet del conductor, sanción que le es mucho mas dolorosa que el pago dinerario