La Legislatura estableció por ley que “el lavado y barrido de veredas sólo podrá hacerse entre las 22 y 9 horas los días lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. Los martes y jueves estará sólo permitido el barrido de las veredas. Dichas tareas se efectuarán sin entorpecer ni molestar el tránsito de los peatones ni causar ruidos molestos; además el producido del barrido deberá ser colocado en los recipientes destinados a los residuos domiciliarios y no ser arrojados en la calzada".

Se exceptúan de la limitación con respecto a los días los siguientes frentes: “1) Hospitales, Sanatorios y Clínicas o cualquier otra institución que por razones de salud e higiene deba hacerlo todos los días; 2) Los restaurantes, bares y locales de comidas”. La iniciativa pertenece al diputado del PRO, Gerardo Ingaramo. La norma modifica el artículo 7º de la Ordenanza Nº 33.581.

Se aprobó también la creación del Sistema de Información de Denuncias de Consumidores (SIDEC). La ley que tenía despacho de la Comisión de Consumidores y Usuarios y Comunicación Social, fue impulsada por los diputados de la Coalición Cívica, Adriana Montes y Juan Pablo Arenaza.

El SIDEC tiene por objeto sistematizar información y emitir informes sobre las denuncias realizadas, para facilitar la evaluación del desempeño de las empresas proveedoras de bienes y/o prestadoras de servicios de la CABA, por parte de los consumidores y usuarios y publicarlos. En tanto, las denuncias que forman parte del SIDEC son las que los consumidores realizan sobre empresas proveedoras de bienes y/o prestadoras de servicios, ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA (DGDYPC) u órgano público designado a tal efecto, como así también, aquellas realizadas de oficio por éstas.

En otro orden, recibió aprobación el proyecto que establece modificaciones al servicio de señalización e identificación por voz para el subte. La iniciativa, acercada por el diputado de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez obliga a la instalación de un sistema de identificación por voz en todas las estaciones de subte, y también a colocar en las estaciones tantos carteles -con el nombre de la estación- como vagones tengan las formaciones, quedando en la medida de lo posible cercanos a cada vagón en el momento de la detención.

Por otra parte, en virtud de la adhesión por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Sistema Nacional de Licencia de Conducir regulado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante la Ley 3134, y al único efecto de unificar las fechas de vencimiento de las distintas clases de licencias de las que los contribuyentes fuesen titulares, la Legislatura autorizó hoy a la entidad otorgante de las licencias de conducir a establecer períodos de validez distintos a los indicados en la Ley 2148 y/o modificar las fechas de caducidad de habilitaciones ya emitidas, de modo que sea posible cumplir acabadamente con la implementación del nuevo sistema. La medida implicó incorporar un último párrafo al Artículo 3.2.6. de la Ley 2148.

Mediante la sanción de otra ley que modifica el actual Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, impulsada por el diputado del bloque Peronista, Claudio Palmeyro se penaliza las faltas cometidas por quienes conducen y/o son responsables de los transportes públicos de pasajeros (colectivos y/o taxímetros). La penalidad específica será para quienes conducen sin documentación o con la misma vencida, como así para quienes permiten que esto ocurra, lo que genera obligación a las Unidades de Control de Faltas y/o Jueces Contravencionales y de Faltas de comunicar -en la forma de estilo- a la Autoridad de Aplicación las sanciones recaídas.

De este modo se penaliza la prestación de servicio sin poseer licencia habilitante, con un rodado con las insignias pero sin licencia (taxi "trucho") y el cobro de tarifa diferente a la dispuesta por la Autoridad de Aplicación.

Además, se intenta penalizar las diferentes conductas reñidas con la actividad de radio-taxi.

Se declaró de utilidad pública un inmueble destinado a la Escuela Artigas.

El predio se ubica en la calle Eleodoro Lobos 437 y quedó bajo la tutela del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser destinado a la Escuela "Gral. José Gervasio Artigas" Nº 15 Distrito Escolar 7. La iniciativa fue promovida por el diputado del PRO, Enzo Pagani.

Entre los demás asuntos que fueron sancionados, fueron declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles existentes de las ex empresas Confor-Guías S.A. e Inverprenta S.A. las cuales se dedicaban principalmente a la impresión y encuadernación de guías telefónicas. Los mismos serán destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Impresiones Barracas Limitada formada por los ex trabajadores de las empresas quebradas en abril de 2009 y febrero de 2010 respectivamente. En los fundamentos de la iniciativa presentada por el diputado el bloque Peronista, Diego Kravetz y diputados de distintos bloques, se expresa “que la ley cuya sanción se propicia evita la destrucción de fuentes de trabajo producida por el abandono y la irresponsabilidad empresarial”.

Cabe señalar que una ley análoga fue sancionada para el caso de los bienes muebles existentes en el inmueble sito en la calle Echandia 5656, y los bienes intangibles, incluidas marcas y patentes de la fallida empresa SAN SALVADOR S.A.C.F.y A, especializada en la fabricación de máquinas cortadoras de fiambre denominadas fiambreras y máquinas rebanadoras de pan de miga a nivel industrial. Los mismos serán, al igual que la anterior normativa, destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo SAN SALVADOR LTDA. Constituida por las ex trabajadoras y trabajadores de dicha ex empresa. La ley fue impulsada por la diputada de Proyecto Sur, Delia Bisutti.

El cuerpo creó en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Registro de Verificación de Autopartes, debiéndose inscribir en él los propietarios- sean personas físicas o jurídicas- de comercios dedicados a la compra venta de autopartes, nuevas y/o usadas. Se trató de una iniciativa del diputado oficialista, Cristian Ritondo.

Así se estableció en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la obligatoriedad, para todo vehículo automotor registrado en esta jurisdicción ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, del grabado del numero de dominio- tres letras y tres números- en 6 (seis) partes de la carrocería del vehículo: puertas (lateral externo), capot (parte interior y superior), y baúl (parte interior y superior), en caso de tratarse de un vehículo de 2 (dos) puertas se realizara en los parantes a media altura del mismo cumplimentando las 6 (seis) partes, debiendo ser designados los lugares específicos a ser grabados por vía de reglamentación.

La norma destaca en sus fundamentos que “en el curso del último año 2010 fueron secuestrados 1.300.000 (un millón trescientos mil) autopartes ilegales por valor superior a los 150 (ciento cincuenta) millones de pesos. Estas acciones fueron concretadas en el marco de más de un centenar de allanamientos de operativos de control en las bocas de expendio de repuestos. Según un informe reciente del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), se produjo un aumento notable en el robo de automotores en la Ciudad de Buenos Aires y que el 30 por ciento de los homicidios ocurren en ocasión de robo de automóviles. Del mencionado informe se desprende que la mitad de los vehículos robados se presume terminan en los desarmaderos ilegales alimentando el comercio negro de los repuestos. Se propicia un mecanismo claro de registración y grabado de las autopartes más comercializadas por los desarmaderos, nucleándolos en un registro especial para su mayor control y sumisión a la normativa imperante”.

Mas allá de que muchos temas fueron previamente tratados en las comisiones de trabajo respectivas, en nuestro criterio resulta poco feliz aprobar casi a libro cerrado tantas disposiciones que impactarán luego positiva o negativamente en la vida de muchos ciudadanos e instituciones, personas físicas y jurídicas que necesitan que sus problemas sean tratados con la misma seriedad que supuestamente se tratan los proyectos, declaraciones, etc. durante el resto del año calendario.