El proceso comenzó con 3 comunidades, y piensan concluirlo antes de que finalice el 2011. Se está aplicando una ley provincial sancionada en el año 2002. Se utiliza la figura jurídica del "comodato". Tienen que ser trabajadas por y para la comunidad, no pueden ser vendidas ni embargadas, pero están libres de impuestos
Aunque el derecho de los pueblos originarios a vivir en el suelo de sus ancestros está contemplado por la ley argentina desde 1985, la materialización de esa letra “pura” –que la Constitución incluye además en su artículo 75– se desdibuja en una realidad atravesada por los conflictos de intereses: el avance de la frontera agropecuaria, entre otros factores de menor peso que elevaron dramáticamente el valor de la tierra, conspira así contra el reconocimiento legal a una de las demandas fundacionales de las comunidades que poblaban estos paisajes antes de que llegaran los enviados del reino de Castilla.
La reciente represión en Formosa contra una comunidad Qom que reclamaba territorios a los que considera de su propiedad es sólo un ejemplo, ni siquiera el más grave, del plato hacia el que suele inclinarse la balanza. En Santa Fe, hace dos años se inició un lento proceso de restitución de tierras a los pueblos preexistentes a la conquista. Suman 10 mil las hectáreas fiscales que la ley vernácula contempla con ese objetivo, y que ya comenzaron a adjudicarse. Entre otras características, las tierras se entregan colectivamente, quedan exentas de impuestos a partir de su toma de posesión, no son expropiables ni embargables y están destinadas a emprendimientos productivos.
No es mucho en comparación con el despojo sufrido antes y después de que la Argentina se constituyera como Nación: equivale apenas a un poco más de la mitad de la superficie que hoy ocupa la ciudad de Rosario. Pero es un principio. En su mayoría, se trata de terrenos de islas, aunque la administración provincial asegura que son suelos aptos para desarrollos productivos sustentables y además acompaña el proceso con asesoramientos técnicos que respetan las decisiones autónomas de las comunidades. Con todo, el camino abierto está también aquí sujeto a las tensiones entre los derechos reconocidos y las presiones económicas que desnudan miserias propias y ajenas.
“Este proceso de restitución de tierras a las comunidades está ordenado por la ley provincial 12.086 que fue promulgada en 2002 y regulada en 2005. Sin embargo, recién tres años después se puso en funcionamiento la Mesa de Restitución que permitió avanzar en su concreción. Ya hay tres comunidades a las que se les entregaron territorios, y la idea es completar el traspaso de todas las tierras que contempla la norma a fines del año que viene”. Así resume la secuencia Raúl Britos, a cargo de la Dirección de Pueblos Originarios de Santa Fe.