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Actualidad |
25/09/2009 |
| UNA REFORMA JUDICIAL PRO: |
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| Además
de confrontar con la avanzada del macrismo para nombrar a Daniela
Bruna Ugolini como jueza del Tribunal Superior de Justicia porteño,
diversas organizaciones sociales y de derechos humanos se pronunciarán
hoy contra la reforma judicial que propone el PRO y que implica restringir
los recursos de amparo y darle al gobierno porteño la posibilidad
de recusar a un juez sin presentar ninguna causa. También señalaron
que el proyecto contó con el apoyo de la defensora del Pueblo
porteña Alicia Pierini. Como informó Página/12, el macrismo impulsa dos proyectos. El del legislador Martín Borrelli propone la posibilidad de recusar a un juez en una oportunidad por causa, por única vez. Borrelli admitió ante este diario que podría ser usado, por ejemplo, para vaciar de causas el juzgado de Roberto Andrés Gallardo, algo que ya intentó el gobierno porteño cuando lanzó 700 recusaciones contra ese magistrado, que fueron rechazadas en segunda instancia. La iniciativa aclara que los jueces no serán recusables para las ejecuciones fiscales, un tipo de trámites al que a algunos macristas les gustaría que se dedicaran en exclusividad. El segundo proyecto, de Cristian Ritondo y Martín Ocampo, establece que para presentar un amparo será necesario una contracautela, es decir, un bien patrimonial con el que el demandante deberá responder si su requerimiento no es encontrado razonable. Las dos iniciativas tuvieron dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia de la Legislatura la semana pasada y serían tratadas la próxima semana. La legisladora macrista Ivana Centanaro, en cambio, presentó su propio dictamen de minoría, donde no fija ni contracautela ni la posibilidad de recusar jueces sin causa, pero establece mayores límites para que los magistrados puedan fijar astreintes, esto es, multas por día cuando no se cumple un fallo (con la nueva normativa, sólo podrían disponerlas si lo pide el querellante y no de oficio). El bloque del PJ, que conduce Juan Manuel Olmos, adheriría a este dictamen. Por su parte, los legisladores Gonzalo Ruanova (Espacio Plural), Liliana Parada (SI) y Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) pidieron que se archiven las iniciativas. “Como Macri no pudo reformar la Constitución, pretende limitar los derechos constitucionales mediante leyes que reduzcan el derecho de amparo y que sólo permitan demandar al gobierno ante la Justicia a quienes tengan recursos económicos”, sostuvo Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño. “Cuando uno está en desacuerdo con lo que deciden los jueces, tiene el recurso de apelación y otras herramientas. Lo que no se puede es limitar los derechos constitucionales”, remarcó el legislador de Diálogo por Buenos Aires. “Es claro que es violatorio de cánones básicos de acceso en la Justicia. Complica a los que menos tienen, en particular los que litigan acceso a la vivienda, que son en general personas pobres”, estimó el legislador de la CC Facundo Di Filippo, que preside la Comisión de Vivienda de la Legislatura. “A nivel nacional, el macrismo dice estar en contra de la reforma del Consejo de Magistratura, pero en la ciudad avanza contra la Justicia, como ya lo hizo con las recusaciones a Gallardo”, apuntó. “Me parece lamentable que la Defensoría del Pueblo, que está para defender los derechos de los ciudadanos, emita un proyecto que va contra los intereses que debería defender”, remarcó Di Filippo, sobre el proyecto que Pierini presentó un mes antes de ser reelegida en el cargo. “Las distintas modificaciones que se han planteado en materia de justicia contenciosa tienen por objeto licuar y disciplinar a jueces que a la fecha han sido un freno a distintas políticas abusivas del gobierno de Macri”, sostuvo el legislador de Identidad Porteña Diego Kravetz. “Con la recusación sin causa se pretende recusar a los jueces que no son afines al gobierno de Macri y que las causas se sustancien con jueces amigos del jefe de Gobierno”, estimó Kravetz. “Con respecto al proyecto de contracautela, es una barbaridad que las personas que carecen de patrimonio no puedan acceder a la Justicia. Se está creando una Justicia sólo para ricos y se está violando el derecho de igualdad de acceso para todos los ciudadanos”, advirtió. Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos –entre ellas, el CELS y ACIJ– darán una conferencia hoy para pedirle a Macri que retire la postulación de Ugolini y revea esta reforma judicial. El director de litigio del CELS, Diego Morales, afirmó que “la reforma que proponen no es casual. Coincide con la propuesta de una candidata como Ugolini. Los proyectos reducen y limitan los instrumentos judiciales que sirven para la protección de derechos fundamentales. En particular, de los derechos sociales”. |
| PIDEN REVOCAR EL MANDATO DE MACRI |
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| La
idea nació de organizaciones sociales y barriales porteñas
y está contemplada en el artículo 67 de la Constitución
de la Ciudad. Es difícil de concretar, pero no imposible. Consiste
en pedir un referendo revocatorio para intentar que Mauricio Macri
sea desalojado de la jefatura de gobierno por mal desempeño
de sus funciones. Horacio Avila, de Proyecto 7, una ONG que trabaja
con personas en situación de calle, sostiene que “se
trató hace como veinte días en un espacio de militancia
que se reunió bajo la consigna ‘La dignidad no se privatiza’.
Nos juntamos en la CTA de Capital y nos propusimos salir a juntar
firmas”. Esta es la parte más complicada del trámite
que debe presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia (TSJ) local.
Porque se exige como requisito para que sea viable el respaldo del
20 por ciento del padrón de electores. Y eso significa en Buenos
Aires unas 504.983 personas (en los comicios del 28 junio podían
votar 2.524.915). El referendo revocatorio permite que los porteños den por terminado antes de tiempo el mandato de cualquier funcionario electivo. El 30 de marzo de 2000 se sancionó la ley 357 que, en su artículo 4º, señala como requisitos para solicitarlo “que hayan transcurrido más de doce meses desde la asunción del cargo de la funcionaria o funcionario y resten cumplirse más de seis meses de la finalización del período para el que hubiere sido electo/a, que reúna al menos la firma del 20 por ciento de los electores y electoras de la comuna, según corresponda, y que se funde en causas atinentes al desempeño de sus funciones”. Los sectores que alientan este objetivo comenzaron a pensar en la revocatoria cuando se produjeron las muertes de seis hermanitos de entre 1 y 13 años en el Banco de Italia y Río de La Plata, un antiguo edificio tomado en el barrio de La Boca que se incendió el 10 de enero pasado. Se les ocurrió exigir un juicio político contra Macri por su presunta responsabilidad en la inacción que desembocó en el siniestro (las condiciones en que vivían varias familias en el lugar eran deplorables), pero con el tiempo percibieron que lo más viable era el referendo. Para ello empezaron a enviar correos electrónicos con una serie de diapositivas en las que acusan al jefe de gobierno de una serie de irregularidades. “Basta Macri de desatención en el Hospital Argerich. Se suspendieron montones de operaciones urgentes por falta de insumos, suspensiones de sesiones de diálisis por falta de técnicos. Basta Macri de bajas raciones en los comedores populares y escolares y de dar soja transgénica. Basta Macri de decir que no hay plata para el aumento docente y a su vez aumentar los subsidios a tus empresas de basura. Basta Macri de escuelas sin calefacción en invierno. Basta Macri de suspensiones en la construcción de viviendas sociales”, dicen algunas de las consignas. Y las rematan con una exhortación a aplicar el artículo 67 de la Constitución local: “Que no siga destruyendo Buenos Aires. Hagamos lo concreto... ¡Revocatoria de mandato!”. Consultadas por Página/12, dos diputadas porteñas, Patricia Walsh y Liliana Parada, se pronunciaron en forma genérica sobre este tipo de iniciativa que no prosperó cuando la ciudad era gobernada por Aníbal Ibarra después de la tragedia de Cromañón (ver aparte). La primera, de Nueva Izquierda, comentó: “Creo que una idea de este tipo se legitima porque hace visible lo que ha pasado en la Ciudad todo este tiempo. Hay cuestiones gravísimas que los medios nacionales omitieron y se volverían tangibles por la recolección de firmas. Eso sí: no será sencillo, aunque existan motivos para la revocatoria”. Parada, quien asimismo es diputada nacional electa por Proyecto Sur, afirmó que “es correcto (el referendo) desde el punto de vista institucional, y así también la jurisprudencia se ha expedido al considerar que el requisito de la recolección del 20 por ciento de las firmas constituye el único barómetro para reflejar, con la seriedad indispensable, la voluntad de un vasto sector de vecinos y brindar, en definitiva, la legitimación política a la revocatoria”. Proyecto 7, la Asamblea de Plaza Dorrego, Poetas en Lucha, la Asamblea permanente contra los desalojos, entre otras ONG, movimientos piqueteros, asociaciones barriales, centros culturales y organizaciones sociales que apoyan el referendo, marcharán el 1º de octubre por la Ciudad como lo habían hecho contra la designación de Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana o la patota de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Estas decisiones políticas de Macri fueron las que generaron que se lo caricaturizara en una de las diapositivas que circulan entre los grupos convocantes: allí se lo ve con un bigotito corto al estilo de Adolf Hitler y una cruz esvástica detrás. El trámite de revocatoria hoy parece una tarea formidable si no es acompañado políticamente por otras fuerzas, ya que requiere que se consigne “la firma, la aclaración de firma, domicilio y número de documento de cada uno de los electores y electoras presentantes” que, como está fijado, deberían ser poco más de medio millón de porteños. Si se cumpliera ese paso, por un número igual o superior al 20 por ciento del padrón, se tendrá por iniciada la petición de revocatoria de mandato. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia estaría obligado a girar al Tribunal con competencia electoral en la Ciudad las firmas recolectadas para que éste, en treinta días, verifique su legitimidad. El proceso legal para desplazar a Macri de su cargo, siempre que se cumplieran todos los requisitos, sólo se concretaría mediante el referendo en los noventa días posteriores a la aprobación del TSJ. El artículo 15 de la ley establece que “si la opción por la revocatoria del mandato hubiere obtenido el apoyo de más del 50 por ciento de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito correspondiente, el funcionario o funcionaria, luego del escrutinio definitivo, quedará separado de su cargo. En dicho caso, se habilitarán los mecanismos previstos para el reemplazo del funcionario/a removido/a y asumirá su cargo quien legalmente deba suplantarlo/a”. En este caso sería Diego Santilli, la máxima autoridad de la Legislatura después de que renunciara Gabriela Michetti. Gentileza: Gustaavo Veiga. |
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