CABA: UNA NUEVA CONCESIÓN A LA PATRIA INMOBILIARIA

El ejecutivo porteño ha presentado a la Legislatura Porteña un proyecto de ley a fin de que dicho cuerpo trate la creación de un Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras llevadas a cabo en contravención al Código de Edificación y al Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La iniciativa presentada pretende establecer un régimen especial que regularice las mejoras y/o las ampliaciones edilicias efectuadas, sin la correspondiente declaración conforme la normativa vigente y además propone la regularización de edificaciones que como consecuencia de la dinámica del desarrollo inmobiliario o el desconocimiento de los particulares de las normas que rigen la temática, fueron construidas incumpliendo el Código de Edificación y el Código Urbanístico de la CABA.

Lo que pretende el macrismo es regularizar la situación de los edificios construidos fuera del marco de la ley al 1° de abril de 2026, alegando que esta situación no solo configura una problemática administrativa, sino que también representa una carga económica injusta para los propietarios, en tanto afecta directamente el valor de mercado de los inmuebles y limita su aptitud para acceder al crédito hipotecario.

Como de costumbre las autoridades que manejan los destinos de la ciudad desde hace dos décadas, apelan al eufemismo “carácter excepcional” para liberar de las multas al sector de la construcción que al momento de realizar las edificaciones conocía perfectamente la normativa vigente.

A tal efecto, se especifica en el proyecto que esta medida beneficiaría a los vecinos que habitan la ciudad, pues contempla los siguientes lineamientos:

Protección de la Vivienda y el Patrimonio Familiar:

Se establecen condiciones específicas para unidades en Propiedad Horizontal (PH) y viviendas individuales. Para estos casos, se aplica un recargo fijo del 250% en los Derechos de Construcción Sustentable, sin límite de superficie, facilitando que el ciudadano normalice su título y recupere la aptitud crediticia de su hogar.

Gradualidad en los recargos:

El régimen impone una carga fiscal creciente según el metraje en contravención, aplicando un 250% para obras menores a 100m2, un 350% para escalas intermedias y un 700% para aquellas que superen los 1.000m2.

Esto supuestamente asegura que el costo de la regularización sea proporcional a la magnitud del incumplimiento.

Fomento a Instituciones deportivas, culturales, sanitarias y educativas:

Se dispone la exención total de pagos para establecimientos públicos de sanidad y educación, y predios en barrios informales en proceso de reurbanización. Asimismo, se facilita la regularización de clubes sociales y establecimientos privados de salud y educación mediante un canon reducido al 20% de la incidencia de suelo.

Seguridad y Convivencia Urbana:

El proyecto mantiene la firmeza normativa al excluir expresamente aquellas obras que atenten contra la seguridad, accesibilidad, higiene o requisitos mínimos contra incendios, así como las intervenciones sobre Monumentos Históricos Nacionales.

Lo que no dice el proyecto es que esta amnistía para los infractores incluirá también a edificaciones que superen los 5000m2, lo que echa por tierra la falaz argumentación de que el objetivo de la norma es beneficiar a los vecinos, se trata de salvaguardar los intereses de la patria inmobiliaria, pues las sanciones vigentes superan ampliamente los porcentuales establecidos en el proyecto de ley que ha entrado a la Legislatura Porteña.

09-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

Antes que nada, hay que decir que la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa dejó al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) en una crisis financiera y de prestación de servicios paupérrima, acumulando además una deuda al mes de abril/2026 estimada entre los $ 200.000.000.000 y los $ 300.000.000.000 (hay un proceso de auditoría vigente), revirtiendo un superávit previo de $ 25.000.000.000, todo esto en tan solo dos años de gestión.

La crisis de la obra social militar argentina ya dejó de ser solamente un problema administrativo o financiero. Lo que hoy atraviesan miles de militares activos, retirados y sus familias es una verdadera emergencia sanitaria y social que golpea el corazón mismo de las Fuerzas Armadas.

El derrumbe del IOSFA, saco a la luz una combinación explosiva de endeudamiento, abandono estatal, deterioro salarial y conflictos políticos internos que hoy generan un creciente malestar dentro del ámbito militar y la clase política.

La situación se agravó tanto que el gobierno terminó disolviendo el IOSFA, para luego crear una nueva estructura llamada OSFA. Pero lejos de solucionar el problema, la crisis continuó profundizándose, pues las deudas con clínicas, sanatorios y prestadores siguieron acumulándose y mientras tanto, miles de afiliados denuncian cortes de servicios, suspensiones de tratamientos y enormes dificultades para acceder a atención médica.

Otra fuente periodística seria refiere que el pasivo acumulado ronda los 200 millones de dólares, una cifra monumental para una obra social sostenida principalmente por aportes obligatorios del propio personal militar.

El escenario interno es cada vez más tenso, el general Carlos Presti, actual ministro de Defensa y primer teniente general en ocupar ese cargo desde 1983, quedó en el centro de fuertes críticas provenientes desde el interior de las propias Fuerzas Armadas.

En el entorno del ministerio reconocen que el gobierno apostaba a dos ejes para relanzar la gestión: 1) La resolución de la crisis sanitaria y 2) La puesta en funcionamiento de los aviones F-16 adquiridos recientemente, pero la realidad nos muestra que ninguna de las dos cuestiones pudo resolverse y consecuentemente el malestar sigue creciendo.

La situación explotó aún más con la renuncia del general de brigada Sergio Maldonado, quien había asumido en febrero/2026 al frente de la nueva OSFA, el funcionario abandonó el cargo por mantener profundas diferencias con el ministro.

A esto se sumó un hecho dramático que impactó fuertemente dentro de las filas militares: el suicidio de un suboficial retirado que se habría quedado sin cobertura médica. El episodio generó conmoción y aumentó todavía más las críticas hacia la conducción política del área de Defensa.

Mientras tanto, en distintas ciudades del país, militares activos y retirados deben afrontar de su bolsillo tratamientos de enfermedades graves, medicamentos y estudios médicos porque muchos prestadores dejaron de atenderlos por falta de pago.

La crisis sanitaria se combina además con otro problema estructural: los bajos salarios militares. Muchos efectivos deben buscar segundos trabajos para sostener a sus familias mientras continúan aportando a una obra social que no logra responder adecuadamente.

Dentro del ámbito castrense crece el enojo. Un militar en actividad citado por medios políticos describió crudamente la situación afirmando que “Presti se conforma con ser el primer teniente general en llegar a ministro en democracia e imagina su cuadro en el edificio Libertador, pero va camino a un tribunal de honor”.

Otra fuente sostuvo que el ministro “está más solo que Kung Fu”, porque dentro del propio gobierno no habría sido realmente integrado a las decisiones centrales y en las Fuerzas Armadas ya no lo ven como alguien que defienda los intereses y las necesidades militares, sino como un funcionario político que simplemente pide paciencia en nombre del ajuste oficial.

El malestar también crece por la venta de bienes e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Sectores militares denuncian que se estén liquidando propiedades históricas bajo el argumento de financiar modernización militar, aunque muchos sostienen que esos recursos son insuficientes y que de ningún modo resolverán el deterioro estructural en que se hallan las fuerzas armadas, incluso algunos oficiales de la marina retirados afirman que el dinero obtenido “no alcanza ni para comprar dos fragatas”.

Todo esto ocurre en un contexto de deterioro general del sistema de defensa argentino. Mientras el discurso oficial reivindica permanentemente a las Fuerzas Armadas y busca reposicionarlas políticamente, miles de militares sienten que en la práctica fueron abandonados por el propio Estado. El problema ya no es solamente económico, es moral, institucional y humano.

Porque detrás de las cifras multimillonarias despilfarradas cuyo destino no parece claro, hay personas concretas: suboficiales retirados que no consiguen medicamentos, familias enteras sin cobertura efectiva, pacientes oncológicos que deben pagar tratamientos por su cuenta y prestadores médicos que directamente dejaron de atender afiliados militares porque las deudas son impagables.

El gobierno insiste en que la nueva OSFA permitirá ordenar el sistema. Pero hasta ahora el panorama sigue siendo crítico. Las renuncias, los conflictos internos y las crecientes críticas dentro de las propias Fuerzas Armadas muestran que la crisis está lejos de resolverse. Y mientras tanto, miles de militares argentinos continúan esperando algo tan básico como una atención médica digna, una cobertura sanitaria y respuestas concretas de un Estado que, según denuncian muchos de ellos, hoy parece haberlos dejado completamente solos.
 
07-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

La presencia de la empresa estatal Israelí Mekorot en la Argentina se ha convertido en uno de los temas más polémicos, pues detrás de la privatizaciones está en juego la soberanía sobre los recursos naturales, en este caso el agua (incluyendo los glaciares).

Los antecedentes de la firma hebrea no son un ejemplo, pues en las tierras palestinas ocupadas se ha apropiado de este recurso escaso y lo distribuye a los colonos israelíes excluyendo principalmente a los agricultores locales, no obstante ello, ha firmado convenios con numerosas provincias argentinas y desde la asunción de Milei comenzó además a asesorar a AySA, la principal empresa de agua potable del país.

En los corrillos de las grandes corporaciones se sabe que la empresa israelita será quien se quede con la explotación del servicio que brinda AYSA, para ello previamente en un par de años se aumentó el precio a los consumidores en un 1000%, dándole al nuevo concesionario la potestad de cortar el suministro por falta de pago al tercer mes de la deuda.

La preocupación aumenta aún más cuando el nuevo marco regulatorio impulsado por el gobierno de Javier Milei, aparte de los cortes de agua por falta de pago y la concesión 30 años con un canon vil, cambia radicalmente el concepto del agua como bien esencial, dejando de ser un derecho humano para convertirse exclusivamente en una mercancía.

Las provincias que públicamente aparecen vinculadas a convenios, planes maestros hídricos o acuerdos técnicos con Mekorot son Mendoza (UCR), San Juan (Frente anti-peronista), Catamarca (PJ), Formosa (PJ), La Rioja (PJ), Río Negro (Pdo. Provincial), Santa Cruz (PJ), Jujuy (UCR), Chubut (PRO) y Neuquén (Pdo. Provincial), a su vez, distintas publicaciones mencionan contactos o proyectos relacionados en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Santiago del Estero.

Los primeros acuerdos oficiales fueron firmados a través del Consejo Federal de Inversiones durante el gobierno anterior, en actos encabezados por funcionarios nacionales junto a representantes israelíes y directivos de las empresas.

Pero aquí aparece una pregunta de fondo que atraviesa toda la discusión: ¿puede una decisión de semejante magnitud tomarse entre gobiernos y empresas sin consultar a la población? Porque el agua no es un recurso cualquiera. El agua es un derecho humano básico, reconocido incluso por organismos internacionales. Es vida, salud, producción y soberanía. Por eso cada vez más organizaciones sociales plantean que cualquier convenio de largo alcance sobre la administración del agua debería someterse a consulta popular.

Lo que muchos reclaman no es solamente transparencia administrativa que es un paso ulterior, sino lo que se pide es directamente un plebiscito nacional o al menos provincial, para que sea la ciudadanía quien determine si autoriza o no este tipo de acuerdos con empresas extranjeras y si acepta o rechaza la privatización del agua, porque los convenios con Mekorot no contienen únicamente cuestiones técnicas. Implican acceso a información estratégica sobre acuíferos, cuencas y reservas hídricas argentinas, lo raro es que hasta ahora se están salvando los esteros del Iberá.

En varias provincias los acuerdos fueron firmados sin debate público amplio, con escasa difusión y, según denuncias opositoras, bajo cláusulas de confidencialidad. Eso alimentó sospechas y rechazo social. Los críticos sostienen que decisiones sobre recursos estratégicos no pueden quedar exclusivamente en manos de funcionarios de turno o corporaciones internacionales. Mucho menos cuando existen antecedentes tan controvertidos alrededor de la empresa involucrada.

Por eso el reclamo de un plebiscito no aparece como un capricho ideológico sino como una demanda democrática elemental. Si se va a modificar el modelo de administración del agua, si se va a permitir la participación de corporaciones extranjeras o si se avanzará en privatizaciones que podrían afectar el acceso de millones de personas, entonces muchos sostienen que debe ser el pueblo quien decida.

La discusión trasciende incluso a Mekorot, el verdadero debate es quién controla los recursos estratégicos de la Argentina. En un mundo donde el agua dulce se convierte cada vez más en un bien escaso y geopolíticamente valioso, entregar información, planificación y eventualmente administración a actores externos genera interrogantes profundos, solamente detrás de estas decisiones hay un interés pecuniario escondido.

Es cierto que Israel posee tecnología avanzada para manejo hídrico, desalinización y riego en regiones áridas y ello justificaría su presencia en regiones áridas afectadas regularmente por sequías, por lo cual, podrían llegar a beneficiarse con las tecnologías a utilizarse, pero el problema no es solamente tecnológico. Lo central es quién toma las decisiones, bajo qué criterios y con qué límites democráticos.

Por eso son cada vez más las voces insisten en una idea simple: si el agua es de todos, entonces todos deberían poder decidir. Un plebiscito nacional o consultas provinciales abiertas permitirían que la ciudadanía se exprese directamente sobre el futuro de uno de los recursos más importantes del país. Porque una vez privatizado o entregado el control estratégico, revertir ese proceso puede resultar extremadamente difícil, mucho más si en los pliegos existen normas que impiden la renacionalización por ejemplo de AYSA.

El debate recién comienza, pero ya dejó de ser una cuestión técnica. Hoy se discute soberanía, derechos humanos y el modelo de país. Y frente a eso, muchos argentinos empiezan a preguntarse si no llegó la hora de decidir en las urnas qué hacer con el agua, antes de que otros decidan por nosotros.

05-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

En la ciudad de Buenos Aires continúa la íntima relación entre determinados grupos económicos con el poder político que gobierna desde hace dos décadas, imaginen el trasfondo que tendrán las adjudicaciones del estado cuando uno de los oferentes es del mismo riñón del macrismo.

Lo que está en juego ahora es la renovación de la concesión de parte de los parquímetros porteños, servicio que desde el año 2022 tiene a su cargo la empresa Mechp S.R.L., firma ligada a los hijos de Nicolás Caputo y es la que corre con ventaja en esta nueva compulsa, en la misma participó también la empresa Boldt.

Es indudable que se trata del caballo del comisario, pues hace un tiempo la misma firma dedicada a las “actividades deportivas”, recibió la concesión de un predio de 5.000m2 en el barrio de Palermo por el plazo de 25 años para poner en marcha un complejo deportivo.

Mechp S.R.L. está asociada con Blinkay, ambos son los concesionarios actuales de los parquímetros de la ciudad, lo interesante del negocio para los amigos del poder es que están en juego 10.000 lugares de estacionamiento en los barrios de Retiro, Monserrat, San Nicolás, San Telmo, Recoleta, Balvanera y los alrededores de los hospitales Alemán e Italiano.

Los ingresos que el ganador de la licitación tendrá aproximadamente en forma mensual asciende a la suma de $ 500.000.000, de ese monto el concesionario se queda con el 25% y el estado con el 75% restante.

Cabe agregar que la empresa Boldt nuevamente fue vencida en la licitación ya que en el año 2022 también su verdugo fue Mechp, pero en dicha oportunidad asociada con la española Integra Parking, desarrolladora de la app Blinkay.

Ya en el 2022 la firma CelloPark S.A. que salió segunda en el puntaje licitatorio, impugno el proceso por haberse detectado una serie de irregularidades administrativas, que fueron desestimadas por las autoridades del GCBA.

Como se puede apreciar cambian los Jefes de Gobierno, pero no las políticas ni las viejas prácticas de la “casta” hoy día asociada a nivel nacional con los libertarios, pero a nivel local la discusión por apropiarse de los negocios vinculados al estado separa las aguas y seguramente ambas fuerzas (el macrismo y la Libertad Avanza) presentarán listas separadas en la próxima elección para dirimir el nuevo mandamás de la CABA.

03-05-2026 Redacción BA - Ciudad Krypton Digital.

Hablar del 1º de mayo no es hablar de una fecha más en el calendario. Es hablar de sangre, de lucha, de persecución… y también de memoria. Porque el origen de este día no está en un escritorio ni en una ley, está en la calle, en la represión, en la muerte de trabajadores que pedían algo que hoy parece básico: trabajar ocho horas.

Todo empieza en Estados Unidos, en 1886. En ciudades industriales como Chicago, miles de obreros salieron a la calle reclamando una jornada laboral digna. No pedían privilegios, pedían vivir. Trabajaban hasta 16 horas por día, sin derechos, sin seguridad, sin futuro. El 1º de mayo arrancó una huelga masiva. Y el 4 de mayo, en la plaza Haymarket, la historia dio un giro trágico: una bomba estalló en medio de una manifestación y la represión fue brutal. Revuelta de Haymarket dejó muertos, heridos y, sobre todo, un juicio escandaloso donde varios dirigentes obreros fueron condenados sin pruebas y ejecutados.

A esos hombres se los recuerda como los mártires de Chicago. Y en su honor, el movimiento obrero internacional decidió que cada 1º de mayo sería el día de la clase trabajadora. Paradójicamente, Estados Unidos —donde ocurrió todo— no lo conmemora ese día, sino en septiembre. Incluso inventó el llamado “Día de la Lealtad” para contrarrestar el contenido obrero de la fecha.  Es decir: el origen del 1º de mayo es profundamente conflictivo. Es lucha de clases pura. No es una fiesta, es una conmemoración.

Y si miramos la Argentina, ese carácter no solo se mantiene, sino que se profundiza. Porque la Plaza de Mayo no es cualquier lugar: es el escenario histórico donde el poder y el pueblo se enfrentan cara a cara. Ahí se celebró, se reprimió, se resistió. Ahí habló Perón salió al balcón el 17 de octubre de 1945, ahí marcharon los trabajadores contra dictaduras y ahí nacieron las rondas de las Madres reclamando por sus hijos desaparecidos.

Y en este 1º de mayo de 2026, esa historia volvió a hacerse presente… pero también dejó al descubierto algo más profundo: la crisis de representación del movimiento obrero argentino.

Por un lado, la Confederación General del Trabajo convocó a una movilización en Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador. Un acto con fuerte tono político, con críticas al gobierno nacional, denunciando caída del poder adquisitivo, deterioro social y cuestionando la reforma laboral.

Los dirigentes hablaron de “nuevo contrato social”, de justicia social, de la necesidad de defender derechos históricos. Pero también dejaron un mensaje ambiguo: subieron el tono, advirtieron sobre mayor conflictividad… pero no anunciaron medidas concretas como un paro general. Es decir, el discurso fue duro, pero los planes de lucha siguen esperando, mientras los trabajadores sufren todo tipo de injusticias y se quedan sin su fuente laboral.

Y ahí aparece la otra postal: la fragmentación. Porque mientras una parte del sindicalismo y del peronismo estaba en la plaza, otro sector del Partido Justicialista se reunía en Parque Norte, intentando rearmar espacios políticos, discutir liderazgos y proyectar una alternativa electoral.

Dos escenarios. Dos lógicas. Dos maneras de entender el momento. Y la pregunta cae sola: ¿qué está pasando con la dirigencia sindical argentina?.

Porque históricamente el sindicalismo fue columna vertebral del peronismo, motor de movilización, herramienta de presión real. Pero hoy aparece dividido, tensionado entre la calle y la negociación, entre la protesta y la especulación política.

Por un lado, sectores que quieren confrontar abiertamente con el gobierno. Por otro, sectores que parecen esperar, medir, negociar… o incluso reacomodarse dentro de un nuevo mapa político.

El resultado es una imagen compleja: hay movilización, sí. Hay discurso crítico, también. Pero no hay una conducción clara ni una estrategia unificada. Y eso, en un contexto de crisis económica, de caída del empleo y de reformas que afectan derechos laborales, no es un dato menor.

Porque si el 1º de mayo nació en Chicago como una expresión de unidad obrera frente al poder, hoy en la Argentina parece reflejar lo contrario: fragmentación. Y sin embargo, la historia enseña algo importante. Los derechos laborales nunca fueron un regalo. Siempre fueron producto de la organización, del conflicto, de la presión colectiva.

La jornada de ocho horas, las vacaciones, el aguinaldo, las indemnizaciones… todo eso nació de luchas como las de Haymarket.
Entonces la pregunta final no es solo qué hace la dirigencia sindical, sino qué pasa con la base trabajadora. Porque cuando la representación se debilita, la historia suele encontrar otros caminos.

El 1º de mayo no es un ritual vacío. Es una advertencia. Es memoria viva. Es el recordatorio de que cada derecho conquistado puede perderse… si no hay quien lo defienda. De Chicago a Buenos Aires, de 1886 a 2026, el hilo es el mismo: trabajo, dignidad y poder.

01-05-2026 Luis Alberto Mello
Coordinador BA – Ciudad Krypton Digital.